El término “común” hace referencia a la acción de participar de una misma cualidad o circunstancia. Así, un partido político, véase el PSOE, con una postura común en materia hídrica o en políticas migratorias, defendería a lo largo y ancho del territorio los mismos argumentos, forjados bajo el paraguas de unas mismas siglas. Eso en la teoría, porque al menos en la Comunitat, en la práctica no sucede.

El PSPV presentó el pasado miércoles una enmienda a la totalidad de la Ley de Integración de Inmigrantes que el conseller del ramo, Rafael Blasco, defendió en Les Corts. Los socialistas valencianos alegaron que los dictámenes que impulsa la nueva legislación ya se aplican por normas superiores. La enmienda no prosperó y continúa su curso hacia su debate en comisión.

Pero lo que demuestra que la postura del PSOE no cumple con el significado del término común es que una ley casi calcada del texto que se implantará en la Comunitat llegará en breve al Parlamento catalán con el apoyo de los tres grupos que conforman el tripartito que gobierna esa comunidad. La diferencia más sustancial entre ambas leyes no está en el contenido – muy similar – sino en la nomenclatura que rige ambos textos. En la Comunitat se llamará Ley de Integración, y en Cataluña se conocerá como Ley de Acogida de las personas inmigrantes y retornadas.

En el borrador de la norma catalana se destacan las competencias lingüísticas básicas, los conocimientos laborales y de extranjería, y los conocimientos de la sociedad catalana. Entre ellos, el funcionamiento y los valores sociales, como pieza clave del respeto a los derechos humanos fundamentales. En el apartado concreto que hace referencia a la Acogida (en los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13) la ley establece competencias lingüísticas básicas como es la asunción del catalán y el castellano, conocimientos laborales y de extranjería o de la sociedad catalana.

Así, los inmigrantes de Cataluña podrán certificar los niveles de conocimiento asumidos, de manera oficial, para tener un más fácil acceso al mercado laboral y a otras posibilidades formativas. Las certificaciones acreditativas oficiales serán expedidas por la Generalitat y por los entes locales y tendrán eficacia jurídica en el ámbito en el que tienen competencia tanto el Gobierno autonómico como los locales. Dichos justificantes podrán tener eficacia en los procedimientos de extranjería y en otros regulados por la Administración General del Estado.


Espejo de la ley valenciana

En la Ley de Integración que el Consell tiene previsto poner en marchadurante la próxima primavera aparecen contenidos casi exactos a los que los socialistas de Cataluña sí respaldan en su norma autonómica catalana, pero que los valencianos rechazan en el Parlamento valenciano.

Así, en el título II de la ley que impulsará Blasco se establece un programa voluntario de comprensión de la sociedad valenciana que garantiza al inmigrantes el conocimiento de los valores y reglas de convivencia, sus derechos y deberes, la estructura política, cultural, de las lenguas oficiales y de las implicaciones de la diversidad cultural. Además, dentro del respeto hacia la cultura del recién llegado, también se le facilitarán los medios para que él dé a conocer la suya.

Estas medidas ya han sido aplicadas en países de la UE con excelentes resultados. Es el caso de Francia, Reino Unido o Alemania. En España, el PSOE no se pone de acuerdo, en dos simples comunidades.