Desde hace años, a las siete de la mañana, furgonetas de constructores se detenían en la plaza del Sol, la plaza de los rumanos,en Coslada. Los peones, algunos de ellos abogados o médicos, formaban filas, y así eran seleccionados. Diez minutos después, se habían subido a las furgonetas y se marchaban a edificar un chalet, el trabajo del día. Últimamente, las furgonetas ya no llegan. Y los peones, los rumanos, engordan las colas del paro.

Hay dos escenarios inversos. Mientras la crisis ha dejado en paro a 99.100 rumanos (de un total de 704.227 residentes regularizados, la comunidad más amplia en España, con 4,5 millones de extranjeros), Rumanía los reclama de vuelta: dice que necesita un millón de trabajadores cualificados, muchos de los que andan diseminados por Europa. Son los abogados o los médicos que formaban filas en Coslada.

“La proyección de crecimiento económico de Rumanía para los próximos años demuestra que tenemos un déficit de mano de obra”, ha declarado Bogdan Olteanu, presidente del Parlamento. “Pero muchos no quieren volver a su país”, dice Ramón Tamames, profesor de Estructura Económica. “Cobran mil euros al mes, que no les hablen de 350 euros…”. “El flujo de retorno ha comenzado – dice Miguel Pajares, experto en movimientos migratorios-. Pero muchos se quedarán. Y estos merecen un marco integrador. La moratoria de España para Rumanía (vence el 31 de diciembre) no debería renovarse. Quien se quede merece un contrato”.