El cuarto asalto a la valla fronteriza de Melilla en tan sólo una semana indica que el problema de la presión de las migraciones ilegales sobre la delicada franja divisoria ha rebrotado con virulencia. La reiteración de las intentonas y la acometividad empleada dejan traslucir que los subsaharianos se han organizado en los campamentos donde esperan un momento propicio para cruzar a Ceuta o Melilla. En todo caso, la reclamación lanzada por el presidente de la ciudad autónoma pidiendo cooperación a las autoridades marroquíes encierra una tácita denuncia de pasividad al otro lado de la verja. Los incidentes han sorprendido al Gobierno español en pleno giro estratégico de su política inmigratoria cerrando espacios a las entradas ilegales y realizando un mayor esfuerzo en las repatriaciones. El primer objetivo que deben cumplir ahora las autoridades de Interior es adecuar los efectivos técnicos y humanos de control fronterizo a la nueva situación. Pero si el circuito de comunicación entre las mafias de la inmigración detecta una fisura en la estanqueidad fronteriza las avalanchas pueden repetirse poniendo a prueba la capacidad del Ejecutivo para combinar la firmeza policial con el despliegue diplomático que requiere para lograr la cooperación de los países emisores de inmigrantes, en una coyuntura de crisis poco propicia para absorber mano de obra.