Las declaraciones del presidente Rafael Correa de restringir el ingreso de ciudadanos colombianos tras el secuestro de Kléver Larriva, hermano del Gobernador del Azuay, despiertan temor y preocupación entre los extranjeros  de ese país, mientras que en la frontera comentan que  los controles se han incrementado.

Tras las recientes declaraciones del presidente Rafael Correa, quien habló de implementar  medidas para restringir el ingreso de colombianos al asociar su presencia a actos delictivos, los controles en la frontera se intensificaron esta semana.

Por ejemplo, el paso de ciudadanos colombianos por Sucumbíos, que antes no cerraba, ahora solo permanece abierto hasta las 18:00. Entre los extranjeros que viven en Ecuador hay incertidumbre.

Entre enero y septiembre de este año, 392 colombianos han sido detenidos. Según la Policía, son responsables del 50% de los secuestros.

En boca de policías, los culpables del recrudecimiento de la delincuencia. Para  comerciantes minoristas, la solución a sus apuros económicos cuando de un préstamo fugaz se trata. Para otros, su principal competencia en las ventas o su fuente de empleo. La presencia de los colombianos, la mayor población extranjera en Ecuador, genera polémica y son víctimas de discriminación en algunos sectores.

Las declaraciones del Presidente Correa, las hizo al referirse al rescate del hermano del Gobernador del Azuay, Kléver Larriva, quien estuvo secuestrado en Colombia durante 178 días y fue liberado tras el pago de $ 350 mil.  “Si siguen viniendo delincuentes colombianos, secuestran gente, se los llevan a Colombia y resulta que el Estado colombiano no puede intervenir, con el dolor del alma tendremos que poner restricciones a los colombianos”, dijo durante el enlace radial del pasado sábado 25.

Sus palabras ya tienen eco en la frontera. Los controles se intensificaron esta semana con requisas e, incluso, a algunos se les pidió el certificado de vacuna contra la fiebre amarilla, refiere Luz Meza, miembro de la Asociación de Refugiados Colombo – Ecuatoriana de Ibarra.

En Sucumbíos, el problema es más evidente. Según Meza, quien trabaja con 20 organizaciones afines al tema refugiados, en cada punto de la frontera se practican  chequeos, y a quien no tiene documentos le piden hasta $ 200 o lo deportan.

“Miran con  más detención el equipaje y hay más militares y policías”, cuenta desde Lago Agrio (Sucumbíos) Mildred Granobles, dirigente de la Asociación de Refugiados que acoge a unas 500 familias.

La Policía de Migración de Sucumbíos reconoce que los controles se han incrementado en los tres puntos fronterizos. Por ejemplo, el paso de ciudadanos colombianos, que antes no cerraba, ahora solo permanece abierto hasta las 18:00.

Las restricciones, dicen fuentes policiales, buscan evitar que  colombianos  involucrados en actos delictivos ¬que, según sus registros, son responsables del 50% de los casos de secuestro¬ ingresen al país entre los miles que cruzan la frontera.

No se sabe cuántos son
Según datos de Migración, solo entre enero y  septiembre de este año  20.325 ciudadanos colombianos  fueron censados bajo diversos estatus migratorios. Pero  quienes cruzaron la frontera norte y ya residen en Ecuador son muchos más.  Asociaciones de refugiados aseguran que 250 mil tramitan solicitudes de refugio, aunque en  el  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se señala que  manejan  130 mil peticiones, de las cuales más de  20.000 ya han sido aprobadas.

Pero los extranjeros también  se han sentido atraídos por la economía dolarizada del país, han ingresado como turistas y  se han quedado  en busca de una mejor vida, pero sin  legalizarse.

El verdadero número de colombianos que viven en Ecuador es incierto. El Consulado de Colombia en Quito estima que entre legales e indocumentados  hay   unos 300 mil ciudadanos; la mayoría, unos 140 mil, se ha concentrado en Pichincha y Santo Domingo.

Pero el ex canciller Francisco Carrión, quien este año medió para que ambos países superaran el conflicto diplomático que se agudizó con el bombardeo a un campamento de las FARC en Ecuador, el 1 de marzo pasado, estima que en realidad la cifra bordea los 500 mil, la mayor población extranjera en el país.

Quienes  están en calidad de refugiados o no legalizados ven  con temor el futuro, incluso el sector de empresarios colombianos. “Vemos el ambiente un poco tenso. Hay que ver de qué forma se implementarán las medidas y si estas  van a involucrar también a las personas que ya están en el país”, dice Alberto Delgado, dueño de una empresa de carrocerías y radicado en Ecuador desde 1963.

Cualquier medida que se aplique va a afectar el tránsito de los inversionistas, señala María Rosa Fabara, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana.

Fabara menciona, además,  que el turismo, rubro que significó  el ingreso de unos 200 mil colombianos el año pasado,  será otro sector afectado.

Relación con delitos
La dirigente gremial colombiana cree que exigir el pasado judicial (documento que se había dejado de pedir en mayo pasado) sería suficiente. La obligación de entregar este documento fue eliminada por Correa, pero policías de la frontera consideraron entonces que la medida fue  desatinada porque “permite el ingreso de delincuentes”.

De los 16.025 detenidos entre enero y septiembre de este año, 294 son de ese país sin contar a los 98 colombianos detenidos por narcotráfico (392 en total). De los 1.064 presos extranjeros, 697 son colombianos, la población carcelaria foránea más numerosa en el país.

El jefe de la Policía Judicial de Pichincha, Jorge Jiménez, sostiene que la mayoría tiene antecedentes en Colombia.

Un agente de la Policía del Guayas afirma que los colombianos son los “importadores” de métodos para delinquir en Ecuador, como los robos tipo sacapintas (a clientes de bancos) y sicariato (asesinato por encargo) o secuestros  express   (retención temporal de la víctima en el vehículo), hechos que se han incrementado en los últimos cuatro años. “Especializan a nuestros antisociales en el cometimiento  de delitos, conforman bandas donde ellos son el cerebro y a los ecuatorianos los usan por su conocimiento de las rutas de fuga”, señala la fuente.

En mayo pasado, por ejemplo, en Manta se descubrió  una banda colombiana que entrenaba a estudiantes locales, de entre 16 y 17 años, para convertirlos en sicarios. Uno de los jóvenes, alias Escalona, como el popular cantante de vallenatos, fue asesinado en junio por estar involucrado en otros tres crímenes.

Estos forman parte de los 88 asesinatos registrados en el 2008 en Manta, Montecristi y Jaramijó; de estos, el 80% se vincula a la comercialización de droga que, en su mayoría, viene de Colombia, según la Policía.

Jorge Solórzano, fiscal de Antinarcóticos, sostiene que quienes se quedan no son los líderes de las bandas, sino los “narcos de media agua”, aquellos que actúan como supervisores mientras se envía la droga. Hasta que se realiza una nueva operación, se quedan en el país dedicándose al comercio o a la usura.

Cientos de comerciantes minoristas se benefician de esta ilícita actividad al prestar dinero con el 20% de interés. “En los bancos es difícil sacar un crédito, en cambio los chulqueros colombianos llegan  cuando uno más los necesita”, manifiesta Julio, quien al igual que otros tres comerciantes informales de la calle Rumichaca de Guayaquil, diariamente paga entre $ 2 y $ 4 a los prestamistas que van en moto a cobrar esas cuotas.

Es la única forma que tienen para contactarse con los chulqueros. No hay oficinas ni  nombres, aunque eso tampoco importa, sostiene un mecánico del suburbio, a quien ni siquiera le interesa conocer de dónde vinieron los $ 150 que le prestaron. Lo que sí le preocupa son las  golpizas y asesinatos que, le han advertido, reciben quienes no pagan a tiempo sus deudas.

En Guayaquil, este año hubo  once muertes vinculadas a la usura, según las versiones de los  familiares ante la Policía Judicial. “Por eso, yo me cuido de no quedarles mal porque sé que son peligrosos”, expresa Luis.

Esa idea de peligrosidad sobre los nacionales de Colombia ha calado en el sistema de justicia, cree un joven  colombiano que llegó  en el 2005 para estudiar medicina en Guayaquil. Lleva seis meses detenido por supuestamente violar y drogar a una compañera, pese a que la Fiscalía se abstuvo de acusarlo por falta de pruebas.

Según el Comité de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal, el 80% de quienes solicitan refugio dice sentirse discriminado por su nacionalidad y el 40% denuncia actos xenofóbicos. El 70% de las 200 denuncias que al mes recibe el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes es por  discriminación contra colombianos.

La estigmatización topó fondo en abril, cuando dos presuntos delincuentes colombianos fueron quemados vivos por los habitantes de San Vicente (Manabí). Mientras, en internet hay blogs en los que se convoca a los ecuatorianos a no comprar productos ni ir a los locales de colombianos, a quienes llaman “la escoria de la humanidad” .