SOS Racismo explica que la mujer no pudo defenderse porque el Ayuntamiento no le comunicó el escrito

vitoria. El informe que la Policía Municipal de Vitoria elaboró en 2007 y que sirvió para que el Ayuntamiento retirara las ayudas sociales a una inmigrante marroquí, ha quedado invalidado gracias a una sentencia emitida por la magistrada responsable del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno. Según explicaron ayer los portavoces de SOS Racismo Álava, entidad que ha apoyado a la afectada durante todo el proceso legal, la juez ha desautorizado el documento tras comprobar que nunca se le comunicó su contenido a la interesada y que, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de defenderse.

Fede García representante de SOS Racismo Álava, destacó la importancia del fallo judicial porque “se trata de un caso excepcional, ya que en el ámbito de la exclusión, los excluidos no se atreven a demandar al sistema”.

Z.B., la joven marroquí que se quedó sin ayudas económicas, sí se atrevió y, asesorada por los responsables de SOS Racismo, denunció al Ayuntamiento. La mujer alegó que los Servicios Sociales municipales tratan los informes policiales como materia reservada, sin dar opción a los interesados a que puedan recurrir.

El documento concreto que llevó a la retirada de las ayudas sociales que percibía Z.B. recogía, según relató García, “las creencias de una vecina cuya relación con la interesada es simplemente inexistente”. Según la opinión de la citada vecina, la mujer, que vive de alquiler con su hijo, compartía la vivienda con más personas, hecho que fue tajantemente rechazado tanto por la afectada como por SOS Racismo. “No se creen que una joven árabe, criada en Gasteiz, pueda vivir con su niño en un piso arrendado sin interferencia de terceros. Los servicios Sociales parecen empeñados en querer demostrar que el engaño es la norma en el supuesto de los perceptores de ayudas sociales”, manifestó Fede García.