>La buena noticia de que el sistema público de pensiones tiene garantizada su vida hasta 2029 no puede ocultar una realidad preocupante, que debe dar pie a un debate inaplazable sobre los nuevos escenarios para el retiro laboral.

>EN plena marejada de noticias negativas en lo que a indicadores económicos se refiere, esta semana pasada se ha dado a conocer un dato que ha llevado una tranquilidad relativa a miles de trabajadores que hoy dependen de su salario para mantener un nivel de vida digno y que tienen en las pensiones que esperan cobrar mañana, al terminar su vida laboral, la tabla de salvación para poder subsistir. Según el informe trianual sobre Estrategia Nacional de Pensiones 2008, la Seguridad Social mantendrá su equilibrio presupuestario hasta el año 2029, incrementando en algo más de diez años la previsión anterior. El informe señala, no obstante, que a partir de 2023 se deberá recurrir al Fondo de Reserva para poder hacer frente al pago de las pensiones. El responsable de ese incremento positivo en la vida del sistema público de pensiones es, paradójicamente, un fenómeno que crea muchos recelos en amplias capas de la población: la inmigración. El paulatino envejecimiento de nuestra sociedad, con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y la esperanza de vida más alta, habría abocado a un escenario catastrófico del sistema de pensiones de no haberse producido la llegada de cientos de miles de inmigrantes que trabajan y, por ello, cotizan a la Seguridad Social. Pero el dato positivo no puede llevar sino a una tranquilidad relativa, ya que, de seguir la progresión actual de los diferentes parámetros sobre los que se asienta esta fundamental pieza del estado social del bienestar, una buena parte de la población activa hoy llegará a la jubilación sin una pensión digna que llevarse a la boca. El problema es complejo y, por ello, la solución no puede ser sencilla. A nadie se le oculta que el recurso a las jubilaciones anticipadas ha sido utilizado con demasiada alegría y con bien poca justificación por parte, principalmente, de empresas públicas o que aún mantienen la inercia ventajista de haber sido monopolio en sus respectivas actividades. Aún hoy se dan a conocer planes de jubilación que incluyen a trabajadores de 48 años, lo que supone una hipoteca para el resto de la sociedad. Se impone, por tanto, acabar con situaciones fuera de toda lógica y acometer políticas acordes con la nueva realidad económica y demográfica. Hoy, las condiciones de trabajo no son iguales a las que existían hace, por ejemplo, cincuenta años; como tampoco es igual la condición física de una persona de 65 años hoy, a la que tenía otra a esa edad hace medio siglo. No es, por ello, disparatado incentivar que se lleve más allá del límite actual la edad del retiro, como tampoco está de más hablar claro a los ciudadanos y decirles que si quieren mantener un nivel de ingresos aceptable, tal vez tengan que recurrir a sistemas de previsión privados. Éste es el debate que viene y que va a provocar muchos quebraderos de cabeza, pero que sin duda se debe afrontar ya.