Los altos índices de violencia, de deportaciones, desempleo, la incursión de narcotraficantes mexicanos, junto con el fortalecimiento de grupos del crimen organizado en todo el territorio nacional son algunos de los problemas que preocupan a los representantes de la Iglesia Católica de Guatemala, quienes piden al Gobierno su pronta intervención para evitar una debacle social en el país.

Obispos de toda la República han decidido denunciar los hechos anómalos que se registran en sus jurisdicciones pastorales, a tal punto que, a inicios de octubre, la Conferencia Episcopal de Guatemala advirtió de que, de no controlarse la situación, Guatemala podría llegar a un estado de ingobernabilidad.

El incremento de la impunidad y la desconfianza en el sistema de justicia son aspectos que los religiosos criticaron.

La semana recién pasada, Víctor Hugo Palma Paúl, obispo de Escuintla, instó a los habitantes de ese departamento a participar en las jornadas de oración por la paz y seguridad ciudadana. El obispo dirigió una carta pastoral a los escuintlecos, en la que calificó de “grave” la situación en esa región del país por el incremento de asesinatos, asaltos, extorsiones, secuestros y robos.

Ante esas denuncias, Prensa Libre habló con los obispos de otros departamentos del país, como Izabal, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Quiché, Suchitepéquez y Retalhuleu, y autoridades de la Conferencia Episcopal, a fin de conocer en detalle las principales dificultades que afrontan en las regiones.

Ese sondeo evidenció que los fenómenos sociales denunciados por el obispo de Escuintla afectan toda la República, por circunstancias que van desde malas condiciones de vida de la población hasta ausencia de autoridad en los departamentos.

“Estamos viviendo algo que antes no imaginábamos, en medio de gente armada, carros grandes que van y vienen, y tantos crímenes a nuestro alrededor, sin autoridad que los controle; parece película, pero es real”, expresó monseñor Gabriel Peñate Rodríguez, obispo vicario de Izabal.

Esa aparente anarquía, unida a la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, ha motivado a los pobladores a que vean en los párrocos locales y autoridades eclesiásticas una ventana para denuncias, aseguran los prelados.

Sin embargo, la labor de la Iglesia también se ha visto obstaculizada por la violencia. “La inseguridad entorpece nuestro trabajo, pues las reuniones pastorales son por la noche, y la angustia de andar en la calle a esas horas hace que varios jóvenes y adultos se ausenten”, lamentó Rodolfo Mendoza, obispo auxiliar de Guatemala.

Guatemala ha sido puente clave en la región para la distribución de droga, lo que ha originado batallas entre distintos carteles del narcotráfico. La incursión de grupos mexicanos, que quieren hacerse con el traslado de cocaína, ha generado más enfrentamientos.

La aflicción de la Iglesia Católica radica en que los narcotraficantes se aprovechan de la falta de oportunidades para jóvenes y niños, a fin de introducirlos en el negocio y convertirlos en vendedores o sicarios.

“Existe un problema grave, y es que ahora los distintos carteles se pelean a los pequeños distribuidores, a ello se debe tanto enfrentamiento violento, que tiene a la población de rodillas, sobre todo en Cobán”, comentó un líder religioso, que lleva más de 12 años de servir en esa localidad.

Añadió, con profunda consternación, que cuando los infantes se inmiscuyen en el narcotráfico, condenan su existencia y reducen sus posibilidades de vida.

“Cobán era un pueblo tranquilo, pero con la presencia de narcotraficantes, principalmente de los Zetas, de México, ya no se puede salir ni al parque, porque allí andan exhibiendo sus armas de gran calibre”, se quejó el religioso.

Los prelados de Retalhuleu, Coatepeque, Escuintla, Quiché y San Marcos han manifestado que también allí los narcotraficantes entorpecen la labor de la Iglesia.

“Un sacerdote de San Marcos estuvo amenazado por haber intentado sacar a los jóvenes que se prestaban para distribuir la droga”, refirió monseñor Pablo Vizcaíno Prado, obispo de Retalhuleu y Suchitepéquez.

Pero el líder religioso de Cobán asegura que las amenazas son riesgos que hay que correr, para apartar de ese ambiente a niños y jóvenes.

La violencia no tiene su origen únicamente en el narcotráfico, también en las pandillas, que perjudican todos los días a los pobladores de los departamentos.

Monseñor Vizcaíno recordó que San Felipe, Retalhuleu, era considerado un municipio tranquilo, y ahora se ha convertido en una de las localidades más inseguras de ese departamento, porque las pandillas han comenzado a ganar terreno.

“Por las tardes, la gente se encierra en sus hogares, y casi nadie visita ese lugar durante la noche, por temor a la delincuencia de los mareros”, se quejó el prelado de Retalhuleu, y agregó que el número de policías es insuficiente para lidiar con tanta violencia.

Monseñor Óscar Julio Vian manifestó que en Quetzaltenango el paso de droga aumentó, debido a la presencia de extranjeros, que —se presume— son los mayores consumidores.

“Los padres de familia ya no quieren enviar a sus hijos a estudiar”, lamentó.

Otro fenómeno que se registra en esa región del país y que llama la atención de los obispos es el repunte de ventas de tierras de campesinos a personas desconocidas que, al parecer, ofrecen cantidades grandes de dinero, que muchas veces no coinciden con el valor real.

Aunque personas consultadas aseguran que dichas compras tienen como fin el cultivo de palma africana, otras versiones no descartan que el objetivo real esté relacionado con el narcotráfico.

“Parece que existe un gran interés en el suelo del norte del Quiché, pero no se sabe por qué”, aseveró monseñor Alberto Molina Palma.

La ola de secuestros, que en algún tiempo se había olvidado, ha comenzado a resurgir en la provincia y afecta a todos los departamentos sin misericordia.

Monseñor Álvaro Ramazzinni, de San Marcos, manifestó su preocupación porque se sabe de la existencia de una banda de secuestradores que operan en varios municipios marquenses, principalmente en San Pedro Sacatepéquez.

“Hace siete semanas raptaron a dos mujeres y aún no han aparecido. Son personas que apenas tienen un negocio ni siquiera se trata de gente de dinero”, expresó el obispo.

Monseñor Vian, de la Arquidiócesis de Los Altos, indicó que los feligreses le han comentado sobre innumerables casos de extorsiones. “Parecen venir de las cárceles y les piden a las personas que depositen cantidades entre Q5 mil y Q6 mil en cuentas de dudosa procedencia”, explicó.

El prelado de los Altos expresó su indignación por esos casos, ya que las extorsiones van dirigidas a personas de escasos recursos. “Los pobladores están muy nerviosos, pues temen que algo les pueda suceder”, dijo. El religioso católico reiteró que la Policía Nacional Civil no tiene una presencia activa en el lugar, principalmente en Coatepeque. “Son pocos policías y muchas veces, son malos”, puntualizó.

La desintegración familiar, el impacto económico de las deportaciones, el incremento del desempleo y la reducción de remesas son aspectos que las autoridades eclesiásticas destacan y que consideran consecuencias de las migraciones.

Los religiosos creen que la falta de políticas públicas para contrarrestar los efectos negativos de estos problemas propician el incremento de actos delictivos, pues las familias se sumen en la desesperación.

Monseñor Ramazzini explicó que en San Marcos el impacto de este problema ha sido fuerte. “La gente que regresa no encuentra trabajo, y las remesas que recibían las familias han disminuido”.

Monseñor Rodolfo Bobadilla, Obispo de Huehuetenango, comparte la misma preocupación: “Cuando los deportan, si encuentran trabajo, vienen a ganar menos y no les da para mantener a su familia”.

Pese al incremento de las deportaciones, jóvenes de algunas regiones del país ven la migración como una alternativa para huir de las maras, cuentan los obispos, que aún así consideran que la emigración ilegal no es la solución para el país.

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha elevado el número de deportados año con año, que supera las 23 mil 63 personas en lo que va del 2008, solo de EE. UU. La Organización Mundial de las Migraciones prevé que más de 75 mil guatemaltecos serán deportados tanto de México como de EE. UU.

La pérdida de valores morales y el distanciamiento de la fe religiosa son algunos de los obstáculos observados por los obispos, para encontrar soluciones a estos problemas sociales.

Para monseñor Palma, los responsables de los actos violentos registrados en el país, por lo general, se muestran ajenos al sufrimiento que causan a sus víctimas, lo cual es una clara muestra de la pérdida de valores entre los ciudadanos.

“No hay sensibilidad, esto delata la falta de interés por la vida humana”, reprochó Palma.

“La ola de violencia es terrible. Ahora aparecen cadáveres mutilados o con señales de tortura, los crímenes suceden ante los ojos de cualquier persona, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados sin hacer nada”, agregó Mendoza.