Han sido los últimos en llegar y lo han hecho en el peor momento. Por eso han sido los primeros en sucumbir al azote de la crisis económica. Los inmigrantes sin papeles se hallan en una situación límite. Antes podían trabajar, aun de tapadillo, como peones de albañil, de camareros o cuidando ancianos. Ahora han perdido su empleo ilegal y les cuesta horrores encontrar otro. Su salida son las entidades sociales, que, mientras, siguen recibiendo extranjeros y se sienten “desbordadas”.

“Los inmigrantes dependen cada vez más de nosotros. Los recién llegados se quedan más tiempo. Y los que ya habían echado el vuelo deben regresar”, sostiene el secretario de Cruz Roja en Cataluña, Enric Morist. Los números cantan: hasta julio, la entidad ya había atendido a más extranjeros que en todo 2007. Algo parecido ocurre en Cáritas: “Los tres meses de ayuda se han revelado insuficientes. Todos los de la construcción están llamando a la puerta”, subraya Imma Mata, jefa del servicio de migraciones de la entidad.

Jimmy, un tímido boliviano, es uno de los huérfanos del ladrillo. Lleva meses sin ganarse el pan. No es que antes fuera el rey de la estabilidad – carece de permiso de residencia y de trabajo – pero le ofrecían pequeñas chapuzas, con las que iba tirando. Ahora, nada. Ha tanteado, sin fortuna, algunos caminos. Preguntó por una oferta que vio en el periódico. Pedían chicos para “relax”. “No era lo que yo pensaba”, bromea.

Cada martes, Jimmy acude a las oficinas de Cáritas. Por si cae algo. Tiene pocas expectativas y, por si acaso, se está reciclando con un curso de geriatría. Sus compañeras en la mesa donde recibe formación laboral (todas mujeres) saben lo que es cuidar ancianos. Pero incluso en ese terreno, muchas suramericanas se han quedado sin opciones. Como Gladys: “La familia para la que trabajaba estaba hasta el cuello con la hipoteca. Prescindieron de mí y cogieron a la sobrina”.

Los bolsillos están vacíos y el consumo se resiente. El efecto llega hasta las mantas, donde personas como Elhadji Babacar, senegalés de 25 años, intentan vender bolsos y gafas de sol en las calles de Barcelona. “Las señoras miran mucho, pero no compran. ‘Es que hay crisis’, dicen”. Por cada bolso, Elhadji se embolsa cinco euros. Antes vendía cuatro al día. Ahora, con un poco de suerte, dos. La conclusión: a duras penas gana para comer y pagarse una cama.

El joven llegó en cayuco y se desplazó a Almería. “Allí ponía suelos, que es lo mío”. Pero la crisis se lo llevó por delante. A él y “al señor José Luis Pérez”, la persona (española) que le ofreció el trabajo. Viajó a Barcelona porque “aquí hay muchas fábricas”. Eso le dijeron. La cosa no ha ido bien. Por eso visita las oficinas de Cruz Roja, que durante dos meses le paga 300 euros. Esa tirita es lo que atrae al mismo sitio a una decena de varones africanos que, sentados unos frente a otros, reproducen el esquema lingüístico colonial: anglohablantes frente a francófonos.

Elhadji vive con miedo. Sin papeles, teme que la policía le eche el guante. No es una sensación personal: la presión ha aumentado. Eso opina, al menos, Ghassan Saliba, secretario de Inmigración de Comisiones Obreras: “La policía tiene órdenes de extraditar a todo el que pueda. Por eso hay más registros en calles y bares de Barcelona”, dice. “Antes, los sin papeles encontraban algún hueco en el servicio doméstico en uno o dos meses. Ahora, la espera se alarga a medio año”, dice Francesca Masdéu, trabajadora social.

A esa fragilidad se unen las “trabas burocráticas” que la Administración pone a los extranjeros para conseguir el permiso de trabajo, valora Lluís Mestres, miembro de la comisión de extranjería del Colegio de Abogados de Barcelona.

Las entidades alertan de que las dificultades económicas y sociales “están creando cada vez más problemas de salud mental entre subsaharianos y suramericanos”, resalta Mata. Además, cada vez hay más mujeres y menores entre los recién llegados. Y encontrar una salida laboral para ellos es misión imposible.

Tocados y casi hundidos, los inmigrantes irregulares buscan soluciones a la desesperada. Decenas de ellos han acudido, en los últimos meses, a la Oficina para la Okupación, según la Asamblea de Okupas de Barcelona. No quieren reivindicar nada; sólo buscan un espacio donde vivir.

La última opción es dejarlo todo y volver a su país. Isabel, argentina, no piensa hacerlo. “Allí lo vendí todo, hasta un pequeño terreno. No puedo volver sin nada”, lamenta. Los datos del Programa de Retorno Voluntario, sin embargo, muestran que en lo que va de año se han recibido 409 solicitudes, de las que 151 se han hecho efectivas. En todo 2007 hubo sólo 142 retornados, apunta el secretario de Inmigración del Gobierno catalán, Oriol Amorós.