ESTOS días parece no haber espacio para nada que no sea la crisis financiera. Una crisis que tiene también un impacto visible en las variables reales de la economía, tal y como se refleja, por ejemplo, en la percepción de la inmigración. Antes bienvenida para ayudar al desarrollo y asegurar nuestro sistema de protección social, la inmigración es ahora una amenaza ante las dificultades e incertidumbres económicas. Sin embargo, las previsiones acerca del futuro de la economía europea apuntan a la necesidad de la inmigración ante un declive paulatino de la población (en especial, del grupo en edad de trabajar, que será evidente ya en el 2011), así como el crecimiento del empleo en sectores que requieren un alta cualificación profesional. Sin embargo, ¿cómo podemos justificar ahora, tras la controvertida directiva de retorno, que Europa necesita inmigrantes? En la última cumbre europea parece haberse encontrado la respuesta. Con la adopción del Pacto Europeo de la Inmigración y Asilo, la UE trata de controlar la inmigración irregular al mismo tiempo que impulsa un cierto tipo de incorporaciones, las de los trabajadores cualificados, estacionales o en proceso de formación práctica.

Con este enfoque, la Unión trata de emular a otros países (EE UU, Australia o Canadá) en la adopción de medidas para atraer inmigrantes cualificados que sirvan para hacer frente al creciente envejecimiento de la población europea y a la escasez de profesionales. El primer paso en esta dirección es una propuesta de directiva sobre las condiciones de entrada y residencia de este tipo de inmigrantes, más conocida como la ‘tarjeta azul’. Se trata de un sistema equivalente a la denominada ‘tarjeta verde’ de EE UU y que combina el permiso de residencia y de trabajo. Las condiciones para recibirla son el logro de un contrato de trabajo de al menos un año de duración, la capacitación profesional y la obtención de un salario tres veces superior al salario mínimo fijado a nivel nacional. El texto, que se encuentra en fase de discusión y será sometido al voto del Parlamento Europeo en noviembre, no ha conseguido todavía el respaldo de todos los estados. La entrada en vigor de esta normativa y los criterios para definir esta inmigración deseada son los puntos de disenso. La propuesta de directiva deduce la condición de inmigrantes cualificados y, por tanto, la posibilidad de optar a la ‘tarjeta azul’, de la capacitación profesional y de la obtención de un determinado salario. Ambos criterios presentan inconvenientes de cara a una práctica común en todos los países europeos. Así lo sugieren las dificultades para la homologación de títulos, incluso entre los miembros de la UE, y las diferencias salariales. El salario mínimo interprofesional oscilaba en el año 2007, según datos de Eurostat, entre los 92 euros mensuales en Bulgaria y los 1570 euros en Luxemburgo. Además, no todos los estados tienen reglado un salario mínimo interprofesional. Ante esta situación, el acuerdo intenta alcanzarse haciendo referencia al salario medio de un país: el salario que debería percibir el inmigrante, para ser considerado como altamente cualificado, debe ser 1,5 veces superior al salario medio del país de destino.