POR D. M.

ALICANTE. Las cosas han cambiado. Poco queda de aquel «papeles para todos» y las regularizaciones masivas, y el Gobierno se aplica ahora en recortar la presencia de inmigrantes irregulares en la Comunidad.

No en vano, la crisis económica y la consiguiente incapacidad de los sectores que tradicionalmente han absorbido la mano de obra extranjera – y que, en el caso de los irregulares, ha permitido legalizar su situación – han provocado la creación de un gran contingente de inmigrantes en situación irregular y sin posibilidad de revertirla, excepto en aquellos casos en los que se pueda demostrar el arraigo.

El celo del Ejecutivo en identificar irregulares e iniciar los trámites para su expulsión contrasta con la política aplicada hasta el momento en el caso de las pateras que regularmente arriban a las costas canarias. En el último año, la Comunidad ha recibido más de medio millar de inmigrantes trasladados por el Gobierno desde las Islas Canarias, la cifra más alta de la historia.

Este contingente, que una vez en la región sigue en situación irregular y sin posibilidad de regularizarla, ha aumentado paulatinamente en los últimos años.

Más de 4.000 traslados

Desde 2005, la Comunidad ha recibido un total de 4.280 inmigrantes irregulares desplazados desde Canarias, Ceuta y Melilla, aunque fue a partir de 2006 cuando se registró el principal incremento de traslados», con más de 2.400 personas, según los datos de la Conselleria de Inmigración.

Ahora la tendencia empieza a revertirse. La incoación de expedientes de expulsión contra inmigrantes en la Comunidad en lo que va de año ya supera el total de procedimientos abiertos el pasado 2007.

Sin embargo, el problema de la inmigración irregular en la Comunidad no termina con los traslados realizados por el Gobierno y el desplazamientos de irregulares desde otros puntos de la Península. Desde el pasado verano, la región – y, específicamente, la provincia de Alicante – es «oficialmente» puerta de entrada de la inmigración ilegal.

Avalanchas de pateras

La vigilancia policial en el Estrecho ha desplazado en el último año las rutas de las mafias de la inmigración hacia Murcia y Alicante. Así, desde el pasado septiembre la provincia alicantina ha registrado diversas oleadas de pateras – que en algunos casos llegaron a tierra sin ser interceptadas – con tripulaciones argelinas y subsaharianas.

Los radares fijos del Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE) – que por ahora sólo cuenta con uno móvil para 200 kilómetros de litoral – , en proceso de licitación, son la principal medida adoptada por el Ejecutivo para prevenir futuras avalanchas. Sin embargo, mientras se instalan los citados radares, el Ministerio de Interior parece decidido a colgar el cartel de «completo».