ARANTXA RICA

ALICANTE. La crisis económica ha forzado al Gobierno a emprender una campaña de identificación, detención y, en los casos en que sea posible, expulsión de inmigrantes irregulares en la Comunidad, ante el aumento del número de extranjeros incapaces de normalizar su situación – al carecer de contrato de trabajo – . Entre enero y septiembre ya se habían incoado más expedientes de expulsión que en todo el año pasado, mientras las batidas de las Fuerzas de Seguridad para localizar a irregulares crecen exponencialmente, especialmente en estaciones de tren o autobús y lugares de entrada o salida de la región.

Las puertas que hace sólo unos años se abrían de par en par se intentan ahora cerrar de golpe. Sin embargo, las expulsiones se gestionan en base a una Ley de Extranjería que, debido a la urgencia del Ejecutivo por repatriar inmigrantes, se aplica en muchos casos de forma incorrecta, según fuentes jurídicas consultadas por ABC.

Una interpretación incorrecta de la ley que no sólo acarrea en muchos casos un perjuicio innecesario para el inmigrante repatriado, sino que, según las mismas fuentes, conlleva «un gran despilfarro económico» para las arcas del Estado.

«Difíciles de cumplir»

Las citadas fuentes alertan del aumento de incoación de expedientes de expulsión en el presente año, al tiempo que advierten que «una gran parte» no se ejecutará, ya que en algunos casos no hay medios suficientes, y en otros se trata de procedimientos incorrectos.

En este sentido, fuentes no oficiales explicaron que existe una consigna para que las Fuerzas de Seguridad aumenten su presión sobre los «sin papeles». Según explica un letrado especializado en Extranjería, «en los nueve primeros meses de este año ya se han incoado más expedientes de expulsión que en todo 2007».

Los principales puntos de identificación de inmigrantes son las estaciones de tren o de autobuses, donde su presencia es cada vez más habitual. Según indican las fuentes consultadas, en los últimos meses se ha registrado un incremento en las detenciones en dichos enclaves.

En opinión de los consultados, el celo mostrado en las identificaciones se debe a que, aún en el supuesto de que el inmigrante no sea finalmente repatriado, la apertura del expediente lo deja «marcado». Es decir, le cierra las puertas al mercado laboral y a una futura regularización – ya que cualquier solicitud de arraigo con un expediente de expulsión abierto se inadmite a trámite – .

Ante la perspectiva de permanecer en la clandestinidad, y en la actual coyuntura económica, muchos de los inmigrantes con expedientes incoados «deciden irse», según las citadas fuentes.

Procesos largos y costosos

En cuanto a la interpretación de la Ley, el letrado José Aurelio Ruiz Tolosa señala que, según su experiencia, en muchas ocasiones la Subdelegación del Gobierno ignora las propuestas de sanción económica del Grupo Operativo de Extranjería (GOE) de la Policía, y directamente acuerda en la resolución la expulsión. «En muchos casos tienen arraigo, hijos y medios de vida».

Esto se traduce en procesos administrativos largos, perjuicios económicos para el Estado y las consecuentes incomodidades para el afectado. En este sentido, cabe destacar que cuando un inmigrante irregular es detenido tiene un plazo de 48 horas para alegar, y el GOE determina si la documentación presentada es suficiente para cambiar la sanción de expulsión por una multa.

Ante la gran cantidad de procesos abiertos y las pocas plazas en los centros de internamiento para extranjeros, muchos de estos expedientes prescriben. No así la situación de vulnerabilidad para el inmigrante, que sigue «marcado» e inhabilitado para intentar normalizar su situación en un plazo de dos años, a los que cabe sumar el periodo señalado en el procedimiento de expulsión. Así, la vuelta a casa voluntaria se aparece como la mejor opción.

Los que hayan sido remitidos a centros de internamiento permanecerán allí durante 40 días como máximo, plazo en el que deberán ser enviados a sus países. Transcurrido ese plazo, si no han sido expulsados, quedan en libertad, aunque en el limbo. Una situación que contrasta con la prevista en el artículo 89 del Código Penal: sustituir las condenas inferiores a seis años de prisión de los delincuentes irregulares por la expulsión del territorio español.