Un día y medio después de castigar al Atlético con “una sanción ejemplar” por la actuación “desproporcionada” de la policía española, la “falta de organización” del club y “los gritos racistas” de la afición rojiblanca, la UEFA aflojó el lazo y aplazó la clausura del estadio Calderón en la Liga de Campeones. De esta forma, Fernando Torres podría volver el próximo miércoles con la camiseta del Liverpool a su antigua casa. En cambio, la visita del PSV Eindhoven del 26 de noviembre y el encuentro como local de los octavos de final, en caso de clasificarse para ellos, se disputarán lejos del Manzanares (un tercer partido de sanción depende del comportamiento en los siguientes cinco años). ¿La razón? “Los problemas logísticos y la incapacidad” del Atlético para organizar “con garantías” la cita con el Liverpool en un estadio a como mínimo 300 kilómetros de Madrid.

“Después de estudiar las molestias que podría generar el traslado a otra ciudad de los 3.000 hinchas ingleses que ya han sacado su entrada y cerrado sus viajes a Madrid, entendemos que, ante todo, el partido se debe disputar con las máximas condiciones de seguridad. La UEFA no comete actos irresponsables”, explicó a este diario William Gaillard, portavoz del organismo y hombre de confianza de Michel Platini, el presidente. No obstante, la UEFA no había hecho anoche oficial su cambio de posición.

“¡Bufff! Menos mal que han entrado en razón”, respiraron aliviados en el Atlético, en el que se planteaban “infinidad de dilemas”. “Pongamos que hubiésemos jugado en el Camp Nou, ya que su capacidad es mayor que la de Mestalla, lo que nos garantizaba que todos los aficionados iban a entrar. Aun en ese caso, o trasladábamos todos los tornos del Calderón, los únicos que podrían leer los códigos de las entradas, o imprimíamos de nuevo las 55.000 papeletas”, puso de ejemplo un directivo. “¿Y qué pasaría si hay incidentes en el campo del Barcelona? ¿A quién le echarían la culpa?”, apuntaba otro.

La marcha atrás de la UEFA fue interpretada como “una pequeña victoria”. Tampoco quedaba otra salida, según los mandatarios del Atlético. “No había otra opción. No teníamos la capacidad necesaria para semejante mudanza. En definitiva, era inviable jugar en otro lugar”, esgrimió Clemente Villaverde, el gerente del club. La alegría tampoco era desmesurada. “No se nos pasaba por la cabeza irnos a otro campo, pero, aun así, si hubiese justicia, nos deberían retirar la sanción”, dijo Enrique Cerezo.

El presidente del Atlético apuntó que la denuncia del Marsella “llegó fuera de plazo”: “La presentaron el 6 de octubre y el encuentro fue el 1. Según las normas de la UEFA, sólo se puede presentar en las 24 horas siguientes. Fin de la historia. No hay ninguna razón para que la UEFA no nos levante el castigo”. Así de seguro se mostraba Cerezo a la una de la tarde, dos horas y media después de que la Delegación del Gobierno “eximiese de cualquier responsabilidad” a su club por los incidentes que estropearon su regreso, once años después, a la Champions.

El informe de 18 páginas que les entregó la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, a él y Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado, no da lugar a las interpretaciones: “Entendemos que [el Atlético] en ningún caso puede ser sancionado por una actuación policial que en todo momento fue la correcta, proporcional y necesaria, sin que la intervención de la seguridad privada tuviera la más mínima decisión en la intervención de la policía nacional”. En la UEFA no lo tienen tan claro. “La actuación de las fuerzas de seguridad es responsabilidad objetiva del club una vez que entran en el campo”, insistieron desde Nyón, donde recordaron que se está ante un simple “aplazamiento, nada más”, del castigo.

“La que manda dentro del campo es la policía. Punto. ¿O acaso tiene que aplaudir a los ultras mientras les lanzan sillas y golpean por la espalda? Si es así, sálvese quien pueda”, replicó Cerezo, que, “respaldado tanto por la Delegación como por el Gobierno”, expuso varias grabaciones del partido, de diez minutos de duración, con las que el Atlético “defenderá su inocencia” en la vista oral del fin de semana. El plazo para presentar su recurso finaliza mañana a las doce del mediodía. Las imágenes contradicen la versión del organismo rector del fútbol europeo de que hubiese cánticos xenófobos pese al reconocimiento tácito de algunos miembros del Frente Atlético. “En los minutos 10, 20 y 30, Mandanda y Taiwo aseguran haber sido insultados por su color. Eso no es así. Según se desprende de las filmaciones, tan sólo hubo pitidos, ni siquiera insultos”, alegan en el Atlético. “Recordamos que ni el acta arbitral ni los informes del delegado de la UEFA ni del responsable de seguridad mencionan gritos de mono u otros problemas. Sólo reflejan la ‘retirada injustificada’ de la pancarta”, prosiguió Cerezo.

Las grabaciones también muestran la conducta violenta de los ultras del Marsella, que se enfrentaron a los agentes antidisturbios cuando acudieron a retirar una pancarta con una calavera, símbolo prohibido según la UEFA. Como guinda, el club aportó una entrevista con Hilton, brasileño del Marsella, el martes en RadioMarca. “Yo no escuché gritos racistas. La torcida del Atlético no ha hecho nada”, aseguró.