«La uva tiene que ser recogida». Así se expresaban las organizaciones agrarias el martes cuando denunciaban que la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio homónimo, estaba poco menos que «acosando» a los viticultores de Jumilla, Yecla y Bullas, que se encuentran en plena vendimia. Y parece ser que la consigna – unida a la falta de mano de obra que también denunciaron los responsables agrarios – ha provocado una catarata de irregularidades

En concreto, y según los primeros datos de la Inspección de Trabajo en la Región, prácticamente uno de cada tres jornaleros trabajaba de forma irregular, lo que supondría – sólo en la recogida de uva para vino – unos 660 expedientes. La pasada campaña, Fecoam cifró en 2.050 el número de temporeros que recogió uva de vinificación en la Región. En el caso de uva de mesa, los temporeros suman aproximadamente 2.500, lo que supondría unos 830 irregulares. La cifra total rondaría los 1.500 trabajadores irregulares.

José Fuentes, director territorial de la Inspección de Trabajo, confirmó ayer estos datos. «Desde el pasado mes de septiembre hay un equipo de un inspector y seis subinspectores dedicado específicamente a controlar la vendimia». Este equipo – apoyado según los agricultores con agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil e incluso helicópteros – sigue a día de hoy peinando los campos de Jumilla, Yecla y Bullas a la caza del trabajador ilegal. «Hay un alto número de irregularidades, muchas más que las que se detectaron el pasado año», señalaba Fuentes.

Tres tipologías

La mayoría de los fraudes detectados corresponden a tres tipologías. La más numerosa es la del empleo de inmigrantes sin permiso de trabajo, algo que los agricultores trataron el martes casi de justificar alegando que pese a que han acudido a las listas del paro, no han conseguido reunir la fuerza de trabajo necesaria para recoger la uva antes de que se pudra.

La segunda causa de inspecciones es el empleo de trabajadores que están percibiendo en la actualidad la prestación por desempleo y en tercer lugar se encuentra el hecho de que los trabajadores no estén dados de alta en la Seguridad Social.

Sobre el empleo de familiares – al que muchas explotaciones han tenido que recurrir masivamente – , Fuentes dijo que sólo estaba permitido en el caso de familiares directos, que no sean asalariados y que convivan en el domicilio familiar. «La ley es clara en este aspecto», sentenció.