«Mañana me vuelvo a mi país». Alí El Barnoidi, de 50 años, habla entre el montón de escombros en que ha quedado convertida su casa, una de las cinco que tiró ayer el Ayuntamiento de Madrid. El escenario, de nuevo, el sector V de la Cañada Real Galiana, en el límite entre el distrito de Vicálvaro y Rivas Vaciamadrid. Aún quedan muchos restos, sobre todo las calles tomadas por el fango, de las últimas lluvias, por si no tuvieran poco.

Ali residía desde hacía dos años en esa vivienda, cuyo terreno le costó 40.000 euros y casi otros 50.000 levantarla, junto a su esposa, sus dos hijas y los niños de ambas. El derribo les ha pillado por sorpresa. «Tenía esta mañana [por ayer] cita con el médico, porque tengo mal los riñones. Mis hijas fueron a una entrevista de trabajo. Nos avisaron de lo que estaba ocurriendo. Sé que se ha chivado un vecino de que la casa estaba vacía por la mañana», añade con gesto de desaprobación.

A las nueve de la mañana las excavadoras, los «antidisturbios», la Policía Municipal y la Guardia Civil hacían acto de presencia en el asentamiento. «No me mandaron carta ni nada. Si me avisan, me hubiese ido de aquí. Ahora tengo que ver cómo paso esta noche, y luego irme a Marruecos», dice.

Marceau permanece ante lo que queda de la casa de Alí. Nos explica que es el padre de Ahmed, el chico de 18 años que perdió un ojo el año pasado durante los enfrentamientos de los vecinos con la Policía, en el segundo derribo de viviendas. «Mi hijo estudiaba y ahora no puede ni trabajar. Estamos mal. Aquí no tenemos razón ni nada. Para esto salimos de Marruecos», se queja.

En otra de las viviendas residía una familia de tres marroquíes desde hacía unos cuatro años, explican los vecinos. El padre estaba trabajando y la madre tampoco se encontraba en la vivienda. «Encima, vienen sin avisar. No te dan tiempo a sacar tus cosas – explica un compatriota que prefiere no dar su nombre – . Esto no sé si se llama racismo u otra cosa. La cuestión es que sólo tiran casas de marroquíes. Sales a comprar y, cuando vuelves, ya no está tu casa. ¡Como si fuera un sueño!».

No hubo enfrentamientos

Ayer no se reprodujeron enfrentamientos con la Policía, que dio orden a los vecinos no afectados de que no salieran de sus casas. «Todo esto está abandonado. No nos hacen ni puto caso», se queja otro marroquí, quien denuncia que «el domingo [tras las fuertes lluvias de la madrugada] sólo vino el Samur, pero ni un bombero, cuando les estábamos llamando desde las cuatro de la madrugada».

Uno de los rumores que corre por la Cañada es la existencia de algunos chivatazos de gente que vive en el asentamiento. «Dicen que hace un mes venían de paisano, entraban y hacían fotos», indica otro vecino, que se decanta más por la Policía Nacional.

En ese momento, aparece personal de la Embajada, su «número dos», que ignora literalmente las preguntas de los medios. Toñi es una vecina del barrio ripense de Covibar. «Desde 1986, tengo muchos amigos aquí. Dicen que están tirando casas donde no vive nadie, y es mentira».

Javier Baeza, párroco de la iglesia San Carlos Borromeo, de Entrevías (Puente de Vallecas), explica que están allí para «denunciar, asesorar jurídicamente y no permitir la acción terrorista del alcalde de Madrid. Hay un chico que vomitaba del miedo: habría que aplicar la ley antiterrorista al alcalde», critica este sacerdote de la llamada «Iglesia Roja».

Además de las cinco infraviviendas, el Ayuntamiento derribó un colector que los vecinos pagaron hace seis meses y que les costó 1.000 euros, según una vecina española.

Abdelatif es otro de los afectados. «Estaba dentro de casa cuando llegó la Policía tocando a la puerta y gritando que nos saliéramos, que iban a tirar la casa. Le enseñé mi certificado de empadronamiento y les pedí la orden de derribo, pero para nada», relata. Eran las diez de la mañana. Ahora, junto a la casa de su primo Youssef, que también han derribado, apila lo poco que ha podido rescatar de su hogar.

Exigen que le pidan cuentas al español que les vendió los terrenos donde se levantan 17 parcelas y por el que otras tantas familias, muchas emparentadas entre sí, pagaron entre todas 100.000 euros.