Ocho de cada 10 marroquíes se niegan a retornar a su país y de los 1.600 ecuatorianos que se han interesado por la idea, sólo la han concretado 186 Han decidido aguantar hasta el final. Los inmigrantes dejarán de mandar dinero a casa, cerrarán sus negocios, entregarán las llaves de sus viviendas a los bancos y trabajarán gratis antes de tener que abandonar España.

El ministro Celestino Corbacho ha estimado en 10.000 los extranjeros que podrían acogerse al Plan de Retorno Voluntario que el Gobierno pondrá en marcha los próximos días después de que la pasada semana se aprobara en el Congreso. Pero los colectivos ciudadanos y ONG calculan que serán menos.

Según una encuesta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), el 83% de los entrevistados está en desacuerdo con este plan, que permite a los extranjeros no comunitarios cobrar todo el paro en dos pagos a cambio de renunciar a los permisos de residencia y trabajo, y comprometerse a no volver en tres años. Los marroquíes (644.688 empadronados) conforman el colectivo extranjero más numeroso de los 19 países incluidos en esta iniciativa.

«Nadie acepta perder su permiso de residencia», explica Kamal Kamal Ramouhni, presidente de Atime. En su opinión, es en esta condición – «la misma que se le aplica a los sin papeles al ser expulsados» – en donde falla el plan. «Si no existiera, miles de marroquíes regresarían a casa», considera.

La tarjeta de residencia, la llave para vivir en situación legal en España, la tienen actualmente más de 4,5 millones de extranjeros. En los últimos tres meses se han expedido 300.000 permisos más que los contabilizados en junio, lo que da cuenta de que la crisis no parece tener efectos disuasorios. El 78% de los entrevistados por Atime no está dispuesto a perder este preciado documento.

Pero lo mismo les ocurre a los ecuatorianos, el segundo de los colectivos a los que va dirigido el plan, con 420.110 empadronados en la actualidad. «En los últimos dos meses, 1.600 ecuatorianos han venido a informarse sobre la posibilidad de regresar, tras los anuncios del Gobierno español», apunta Oscar Jara, representante en nuestro país de la Secretaría Nacional del Migrante de Ecuador, un departamento con rango ministerial. «Pero la realidad es que apenas el 11%, 186 personas, ha concretado esa vuelta, acogiéndose al proyecto que oferta el Ejecutivo ecuatoriano», reconoce.

Y lo mismo se repite con otros ciudadanos sudamericanos. Lo corrobora Alvaro Zulueta, presidente de la Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica (Aculco): «Mientras que en los últimos meses ha aumentado en un 40% el número de los que vienen en busca de un empleo, sólo un 6% pide información para regresar».

Los rumanos también desconfían de los planes de retorno que organiza su Gobierno (no están incluidos en el de Corbacho por ser comunitarios). «No creo que estén regresando demasiados compatriotas», ha admitido a este diario el propio ex primer ministro de Rumanía Petre Roman, ahora alto comisionado para la Emigración en su país.

Casi todos los inmigrantes se lo han pensado largo y tendido, abrumados por el peso de una realidad – en un año ha aumentado en un 75% el número de parados extranjeros, casi 300.000 personas mano sobre mano, las asistentas y los albañiles en ocio permanente, un 59% menos de contratos – que los convierte en los primeros y más perjudicados por la crisis. La conclusión siempre es la misma: «¿A dónde vamos a irnos?», argumenta Edyta, una joven polaca. «Mi país está peor y no hay lugar en la UE en el que haya oportunidades».

Edyta tiene trabajo y quiere quedarse, pero su marido, Pedro, ya no sabe qué hacer con las horas que le sobran. Esta crisis acarrea diferencias de género. Ellas son ahora las que sustentan a la familia mientras ellos evocan en el bar los días dorados de la construcción.

Esos tiempos quedan muy atrás, porque los que logran encontrar trabajo tienen que enfrentarse a unos sueldos cada vez más reducidos. Las ONG han detectado que en los últimos meses se han multiplicado las denuncias por impagos de salarios y abusos laborales. «Los empresarios los sienten más vulnerables por la necesidad y se aprovechan de ellos», lamenta Alvaro Zulueta.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dijo el pasado viernes que se han registrado unas 4.000 peticiones de información para acogerse al plan. Hasta el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano de consulta del Gobierno, vaticina en un dictamen, con fecha de 28 de septiembre, que el número de los que volverán a casa será «poco significativo».

«No puedo regresar hasta que pague mi deuda»

BELGICA FAJARDO Ecuador (57 años)

«Abuela, abuela, ¿cuándo vas a llevarme al Zara?». A Bélgica se le rompe el corazón cada vez que su nieta, compradora precoz de cinco años, le llama para proponerle planes. ¿Cómo va a llevar Bélgica a la cría al Zara si lleva cuatro meses sin trabajo y comiendo de vez en cuando «en una iglesia que da fideos»?

Bélgica comparte habitación con una amiga peruana (120 euros al mes por el alquiler) a la que ya debe cuatro mensualidades. «Ando buscando algo por las agencias, las residencias, las parroquias… pero somos muchos los que estamos igual…», se lamenta.

Desde 1997, cuando Bélgica vino a España para dedicarse a la geriatría, no se ha dado un respiro. Ahora le llegan demasiados. Porque atención al único empleo que recientemente ha podido encontrar: se trataba de cuidar a una anciana con alzheimer que vivía con su hija en una casa «elegantísima con una nevera llena de comida». Pero a Bélgica no le dieron cena.

«La señora me dijo que en esa casa no se cenaba, y me dijo también que tenía que dormir en el cuarto de baño. Allí no había cama ni nada, sólo el lavabo y el váter. Al día siguiente recogí mis cosas y me fui».

A pesar de como están las cosas, Bélgica no quiere regresar a Ecuador. «No puedo hacerlo, allí no hay trabajo y yo todavía debo pagar mi deuda de la casita que tengo allí. Además, el próximo año me dan la nacionalidad española. Hace dos años que pedí los documentos».

«He ido a mi país y ya he vuelto: allí es peor aún»

GEORGE ASTELEAN Rumanía (29 años)

George ha hecho el retorno del retorno. A principios del pasado mes de agosto, cuando las cosas empezaron a ponerse muy mal, regresó con su chica a Rumanía. El 27 de septiembre estaba otra vez en el aeropuerto de Barajas y ya no piensa marcharse nunca más.

¿La razón? «Unos amigos me dijeron que en Rumanía había trabajo y que se ganaba mucho dinero. Pero lo único que encontré fueron ocupaciones por 300 euros al mes y sin contrato. ¿Te lo puedes creer? Me ofrecieron sueldos de 150 euros, más o menos lo que allí es el salario mínimo. ¿Pero cómo voy a pagar con eso un alquiler que está en torno a los 400 euros?». Así que, ida y vuelta, George ha vuelto al punto de partida.

De empezar desde abajo sabe bastante, porque, a pesar de su licenciatura (homologada) en ingeniería, desde que llegó aquí, hace seis años, sólo ha podido ejercer como ayudante de cocina y cocinero.

Bien es cierto que George no entra dentro de los posibles clientes del plan de Corbacho porque es ciudadano de pleno derecho de la UE desde 2007. Pero las iniciativas parecidas que está desarrollando el Gobierno rumano tampoco le han convencido. «Vale, he ido a mi país y ya he vuelto: allí es peor aún. Todo el mundo se queja de que no hay trabajo. Yo ahora recomiendo que aguanten aquí todo lo que puedan». Es un consejo de George, que ahora está en paro.

«Me iría a casa si tuviera dinero para hacerlo»

ELMEHDI AHMED – SALEMSáhara Occidental (41 años)

Elmehdi es español. Su DNI lo deja bien claro: «Nacionalidad española, nacido en Gara, provincia del Sáhara». Ciudadano de la antigua colonia española (actualmente ocupada por Marruecos), Elmehdi sostiene, sin embargo, que regresaría sin dudarlo a su tierra natal, donde se encuentran su mujer y su hija.

«Hace un año que no voy. Si tuviera algo de dinero volvería al Sáhara, regresaría a casa. Tengo muchas ganas de estar con la familia», explica.

Pero Elmehdi no tiene dinero. Ni siquiera ha podido cobrar por su último trabajo, hace ya cinco meses. «Me contrataron como vigilante para cuidar un chalé. No me pagaron los dos últimos meses. A muchos amigos saharauis les ha pasado igual. Dos estuvieron los primeros meses cobrando y luego se acabó el dinero. Otros no recibieron nada en ningún momento». Elmehdi sufre las consecuencias de esta crisis. Elmehdi y su familia, a la que ya no le llega ningún envío.

«Está todo muy mal», dice con una sonrisa mientras saca su currículum: jardinero, limpiador, manipulador de alimentos, mozo de almacén, peón agrícola, peón de industria maderera, vigilante nocturno… y profesor de árabe en un instituto.

«Eso era antes», se resigna Elmehdi, que todos los días se planta en la puerta del Inem y que se apunta a todas las clases de castellano que puede. Porque Elmehdi, aunque es español, sigue teniendo su corazón en otro lado.