La Comisión Europea considera que Madrid no ha hecho nada en dos años por incorporar la directiva comunitaria

El Gobierno está obligado a regularizar a los extracomunitarios que declaren contra los traficantes de personas

La Comisión Europea considera que Madrid no ha hecho nada en dos años por incorporar la directiva comunitaria

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no proteger con nuevas leyes a las víctimas de las mafias de la inmigración. Según la UE, el Ejecutivo, a pesar de tener dos años de plazo, no ha hecho nada por incorporar a la legislación nacional la directiva que obliga a dar residencia y «garantizar la subsistencia y protección» a los extracomunitarios sin papeles que hayan sido explotados por las redes de tráfico de seres humanos o hayan colaborado con la Justicia para desarticular estos grupos.

La Comisión, en su escrito ante el tribunal de Luxemburgo en el que denuncia a España por vulneración del derecho comunitario, indica que el Ejecutivo «no ha adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas» para adaptarse a la directiva 2004/81/CE, a pesar de que fue aprobada en abril del 2004 y de que España tenía como plazo para trasponer esta normativa hasta el 5 de agosto del 2006 (dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea).

La Comisión Europea ha recurrido al órgano de control del derecho comunitario después de haber requerido varias veces a España, tal y como marca la ley, para que protegiera a las víctimas de las mafias de la inmigración.

Asistencia obligatoria

La directiva, que el Consejo de la Unión Europea consideraba uno de los ejes para luchar contra los grupos que trafican con personas, obliga a los países comunitarios a informar a todas las víctimas de la posibilidad de cooperar con las «autoridades policiales, fiscales y judiciales». También ordena a los Gobiernos, habida cuenta de la vulnerabilidad de estos inmigrantes, establecer una asistencia que les «permita recuperarse y librarse de la influencia» de esos grupos mafiosos que los introdujeron en Europa, incluidos «tratamientos psicoterapéuticos».

La directiva que España incumple también establece que el permiso de residencia se deberá otorgar como mínimo por un período de medio año y que los extracomunitarios que hayan sufrido el abuso de estas redes deberán tener «acceso al mercado de trabajo, la formación profesional y la enseñanza». Además, España está obligada a ofrecer a las víctimas un «período de reflexión» para que decidan si dan el paso de cooperar con la Justicia, durante el cual no pueden ser expulsadas.

Para trasponer esta directiva España tendría que haber reformado el artículo 59 de la actual Ley de Extranjería. Este precepto solo establece la posibilidad (no la obligación) de que los clandestinos «queden exentos de responsabilidades administrativas» y «no ser expulsados» si proporcionan «datos esenciales o testifican» contra las mafias.

La denuncia sobre la falta de protección a las víctimas de la inmigración no es la única abierta contra España por sus continuos incumplimientos al trasponer directivas favorables a los inmigrantes. Entre estas normativas se encuentra la directiva europea de nacionales de terceros países residentes de larga duración, que obliga a dar «autorización inicial de residencia temporal» a todos los extracomunitarios que hayan conseguido papeles en otros países de la Unión Europea.