La Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea por no proteger con nuevas leyes a las víctimas de las mafias de la inmigración. Según la UE, el Ejecutivo, a pesar de tener dos años de plazo, no ha hecho nada por incorporar a la legislación nacional la directiva que obliga a dar la residencia y «garantizar la subsistencia y protección» de los extracomunitarios ‘sin papeles’ que hayan sido explotados por estas redes o hayan colaborado con la Justicia.

La Comisión asegura en su escrito ante la corte de Luxemburgo que el Ejecutivo «no ha adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas» para adaptarse a la directiva 2004/81/CE, a pesar de que ésta fue aprobada en abril de 2004 y de que España tenía como plazo hasta 5 de agosto de 2006 para incorporarla a su legislación. La Comisión Europea ha recurrido al órgano de control del derecho comunitario después de haber requerido varias veces a España que cumpliera la normativa.

La directiva, que el Consejo de la UE consideraba uno de los ejes para luchar contra los grupos que trafican con personas, obliga a los países comunitarios a «informar» a todas las víctimas de la posibilidad de cooperar con las «autoridades policiales, fiscales y judiciales». También ordena a los gobiernos, habida cuenta de la «vulnerabilidad» de estos inmigrantes, establecer una «asistencia» que les «permita recuperarse y librarse de la influencia» de las mafias. Establece asimismo que el permiso de residencia se deberá otorgar como mínimo por medio año y que los extracomunitarios que hayan sufrido el abuso de estas redes deben tener «acceso al mercado de trabajo, la formación profesional y la enseñanza».