IBARRA. DV. Silvia Carrizo, de origen argentino, llegó hace 6 años a Gipuzkoa. Es periodista, pero aquí trabaja como comerciante y además preside la Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea. Es una de las ponentes que van a participar en las II Jornadas de inmigracióny derechos humanos, que organiza SOS Racismo, a partir del lunes en Ibarra.
Silvia intervendrá el jueves, a partir de las 19.30 horas en la casa de cultura, con el propósito de hablar sobre los derechos de las mujeres inmigrantes que residen en Euskadi.
- ¿Con qué se van a encontrar las personas que acudan el jueves a su charla?
- Voy a hablar de las condiciones laborales que padencen las trabajadoras inmigrantes sin papeles en Euskadi, y particularmente en Gipuzkoa, a partir de un informe que elaboramos, en el que recogimos los testimonios y los resultados de las entrevistas a las mujeres que realizan esta labor. Todo ese trabajo se editó bajo el nombre de ‘Manos que mueven el mundo: condiciones laborales de las trabajadoras internas en País Vasco’ y fue premiado con el premio Santo Padre Rubio, de la Universidad Pontificia de Comillas en el año 2008.
- ¿Cuáles son los problemas laborales de las mujeres inmigrantes?
- El primero la etnoestratificación del mercado laboral, la mujer inmigrante tiene nichos laborales muy marcados en las sociedades de llegada, que suelen ser muy difíciles de saltar. La mujer extranjera sólo es vista como apta para el trabajo doméstico, la hostelería y la prostitución. Si a esto le agregamos la ‘ilegalización’ de su condición de ser humano, y se le niegan derechos humanos básicos, como el de transitar, trabajar, derechos sociales y políticos, nos encontramos con una persona totalmente vulnerable a la arbitrariedad de la patronal. El problema es la imposibilidad de hacer visibles las condiciones en las que trabaja.
- ¿Se ha avanzado en este sentido?
- En Gipuzkoa hemos logrado entre los diferentes actores sociales y políticos un acuerdo de condiciones mínimas para las trabajadoras inmigrantes sin papeles, que firmaron las tres sindicales vascas, SOS Racismo, el servicio diocesano de paz y justicia de Donosti, y una veintena de organizaciones y que ahora estamos en plena campaña de que se conozca. El acuerdo es simple, el derecho de las trabajadoras a recibir un salario de mínimo de 900 euros, dos pagas extras, un día y medio libre por semana, dos horas libres diarias y gozar de los mismos días de fiesta que el resto de las trabajadoras entre otras cosas.
- ¿Les es fácil acceder a un puesto acorde a su formación académica?
- No. Por lo que decía anteriormente y suponiendo que tienes residencia, el trámite de homologación de títulos es una máquina de trabar, está diseñado para que homologar una carrera universitaria se convierta en empresa agotadora. Hay que dedicarle más de dos años para tener una resolución, y de ahí otro tanto para terminar el trámite.
- Algunas suelen acceder a realizar trabajos domésticos. ¿Se vulneran más sus derechos laborales en estos casos?
- La condición de ilegalizadas hace que no se le reconozcan derechos, menos aún laborales. Después tenemos las situaciones individuales y en ese campo hay familias que contratan en condiciones de respeto y dignidad y existen otras que lo hacen en condiciones que de neo-esclavitud.
- ¿A qué inmigrantes, según su procedencia, les es más difícil encontrar un puesto de trabajo?
- La sociedad tiene tintes racistas y que sí marca una escala de buen o mal inmigrante según su origen, que asigna valores, conductas y comportamientos por pertenencia racial, pero siempre sobre un grupo de inmigrantes: los que proceden de países pobres. En esta sociedad a nadie se le ocurre juzgar a ‘ingleses’ o ‘alemanes’, por el delito que haya cometido una persona de esa nacionalidad. Ahora, no duda un segundo en incluir a ‘rumanos’, ‘marroquíes’ ‘colombianas’ para referirse a lo mismo.