El acuerdo para trasladar a la Península a los menores inmigrantes no acompañados que superen la capacidad de acogida de Canarias sigue sin plasmarse en un protocolo de acutación, tres meses después de que el ministro Corbacho asumiera el problema.

La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega dijo ayer que se intenta recabar la colaboración de otras autonomías. El Ejecutivo canario había puesto muchas expectativas en la comisión delegada del Gobierno para inmigración, que se reunió ayer como cada quince días en La Moncloa bajo la presidencia de María Teresa Fernández de la Vega, con la confianza de obtener el visto bueno al protocolo de actuación que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, ha negociado con el ministro de Inmigración.

Sin embargo, aunque el asunto formó parte del orden del día, no se produjo ningún avance sustancial que permita iniciar el traslado inmediato de los menores inmigrantes no acompañados que saturan los centros de acogida de las Islas, como demanda Canarias ante la situación de emergencia.

Fuentes autorizadas de La Moncloa han puntualizado que en ningún momento estuvo prevista la aprobación de protocolo alguno, más allá de que la comisión delegada que carece de competencia ejecutiva analizara la situación actual como «parte de las preocupaciones del Gobierno».

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta De la Vega reiteró que el problema de los menores inmigrantes estuvo sobre la mesa de la comisión delegada, aunque sin entrar en detalle sobre la eventual aprobación de un protocolo de actuación. «Hemos analizado el tema», señaló, «y estamos buscando acuerdos con otras comunidades autónomas para que acojan a menores en aplicación del principio de solidaridad». La prioridad, según dijo, es que los chicos reciban un trato adecuado. De la Vega recordó que la competencia de menores es de las autonomías, aunque asumió que «han llegado muchos y hay que atenderlos».

Durante la negociación de Inés Rojas con el ministro Corbacho, abierta en julio en comisión sectorial y sellada con un principio de acuerdo hace un mes en un encuentro bilateral que según la consejera marcó «un antes y un después», el Gobierno de Canarias se ha ofrecido a acoger a un máximo de 500 menores 200 más de los pactados con Jesús Caldera en 2006, a cambio de que los que superen esa cantidad sean repartidos por el resto del territorio nacional.

En estos momentos las Islas acogen a unos 1.400 menores inmigrantes, de los que casi 300 se encuentran en los centros gestionados por los cabildos insulares y el resto se encuentran en centros de emergencia. En estos casos, la Consejería no habla de capacidad «porque no debería haber ninguno, fue un dispositivo de emergencia que se ha convertido en permanente porque cada vez que llega un choco seguimos habilitando espacios». El problema, apuntan desde Bienestar Social, se produce cuando llegan grupos de jóvenes que se deben integrar en estos centros «porque se trata de niños de distinta procedencia, idioma, edad, etc.».

Competencia de las autonomías.

Una de las propuestas de Canarias y que recoge el protocolo elaborado por la Consejería de Bienestar Social es que las comunidades autónomas que acojan jóvenes inmigrantes puedan obtener también su tutela. Canarias tutela actualmente a casi 200 chicos que viven en otras regiones españolas, lo que significa que periodicamente se deben trasladar técnicos, la Fiscalía competente es la canaria, etc., lo que genera problemas de operatividad. La vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega recordó ayer que las competencias en materia de menores son exclusivas de las comunidades autónomas.

Rojas está decepcionada por la “falta de voluntad”.

La titular de Bienestar Social, Inés Rojas mostró ayer su «tremenda decepción» tras las declaraciones de De la Vega y agregó que «no entiendo esa falta de voluntad, ya que han sido las comunidades las que han manifestado su disponsibilidad para acoger niños siempre que el Estado se implique». Rojas no comprende esta situación «porque si nosotros hemos sido capaces de trasladar con nuestro presupuesto, contactos y voluntad a los niños a ONG en la Península, el Gobierno del Estado se muestra incapaz de hacerlo». Añade que «he tenido mucha paciencia y voluntad, llevo hablando con el Estado más de tres meses y sigo sin resultados. Si hubiesen hablado claro desde el principio, no hubiéramos interrumpido los traslados».