El Estado no define un plan de actuación para los menores extranjeros

ABC, 04-10-2008

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SANTA CRUZ. El Gobierno central sigue sin definir un plan de actuación sobre los menores inmigrantes que se encuentran en Canarias, y cuya cifra asciende a 1.400.

La vicepresidenta Primera del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que su gobierno «está negociando acuerdos con las comunidades autónomas para promover la acogida en la Península de los menores inmigrantes no acompañados que pueblan los centros de acogida de Canarias».

Después de que el Ejecutivo regional denunciara que la capacidad de sus instalaciones está «desbordada», De la Vega recalcó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la cuestión de los menores inmigrantes de Canarias se ha abordado en la Comisión Delegada de Inmigración, aunque sin que se haya definido un plan específico de actuación.

No obstante, De la Vega explicó que el Ejecutivo «viene trabajando desde hace cuatro años» sobre este asunto, porque ya en la pasada legislatura se acordó «con el Gobierno de Canarias y algunos otros de comunidades autónomas el tratar de buscar acuerdos para atender a un sector especialmente vulnerable y que requiere una atención especial».

Tras conocer las palabras de la vicepresidenta Primera del Gobierno central, la consejera regional de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas mostró su «tremenda decepción», y confirmó que «la Comisión Delegada en materia de Inmigración aún no tiene capacidad para articular mecanismos de derivación de los menores extranjeros no acompañados al resto de las comunidades autónomas».

Rojas afirmó que no comprende «porque si nosotros, una comunidad autónoma pequeña, hemos sido capaces de trasladar con nuestro presupuesto, con nuestros contactos y con nuestra predisposición y voluntad a los niños a organizaciones no gubernamentales en el territorio peninsular, el Estado se muestra, mes tras mes, incapaz de hacerlo».

En los últimos meses, Canarias ha trasladado a 172 niños a la Península manteniendo su tutela, pero esto, según Rojas, «es insostenible porque al mantener la tutela, debemos de realizar un seguimiento de cada uno de los niños y eso nos ocupa un gran esfuerzo».

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