E L Gobierno ha comenzado a concretar el cambio de la política de inmigración iniciado con la llegada simultánea de Celestino Corbacho al Ministerio de Trabajo, y de la crisis a la economía española.
Como en otros casos, desde el PP saludan la transformación de la política del Gobierno con alborozo porque consideran que va en la línea de sus propuestas y es el reconocimiento de que no se actuó de forma adecuada con la regularización de inmigrantes, a pesar de que sirvió para que se incorporaran más de 600.000 al mercado laboral con todos sus derechos, que hasta entonces tenían limitados. La satisfacción procede además de que el Gobierno no ha sabido combatir la sensación de que ha asumido el discurso del PP y de la derecha europea en inmigración, sin ser capaz de convencer de que sus propuestas son otra cosa.

Pero la realidad es que ahora no hay efecto llamada, no porque el Gobierno diga que no se van a producir más regularizaciones, o porque se limiten las reagrupaciones familiares, sino porque sienten la crisis en sus países de origen, porque reciben menos remesas y porque conocen que sus familiares han perdido el puesto de trabajo. Lo fácil es hacer a los inmigrantes causantes de la crisis y los paganos de la misma. De ahí los reproches a las medidas que señalan en esa dirección que sirven para enturbiar el ambiente y mandar un mensaje confuso a la sociedad y que no va en la línea de la integración. Así han entendido muchas asociaciones de inmigrantes el decreto convalidado por el Congreso sobre el retorno voluntario cobrando el derecho al subsidio de desempleo que han generado, y que ya han apuntado que tendrá poco éxito, al menos entre los que más tiempo llevan residiendo y que han conseguido reunificar a su familia en nuestro país.

El segundo aspecto sobre el que el Gobierno quiere legislar mediante la reforma de la Ley de Extranjería es, precisamente, sobre la reunificación de los ascendentes de los inmigrantes legales, para que no se pueda realizar antes de cinco años de residencia en España. Sería la respuesta a quienes critican la presión de los inmigrantes sobre los sistemas sociales españoles, aunque no sea exactamente así, o al menos no en todos los ámbitos de la protección social. O sea que quienes han contribuido con su trabajo a que se pudiera consolidar y ampliar el Estado de bienestar – pensiones – son ahora señalados con el dedo como los causantes de los problemas de todo el sistema, lo cual es un señalamiento injusto.