Cuando el Gobierno anunció hace cuatro meses su intención de ofrecer a los inmigrantes que se quedasen sin trabajo un plan de retorno voluntario a sus países se habló de que más de un millón de personas podrían estar interesadas en esa iniciativa. Ayer, el Congreso de los Diputados aprobó el plan, pero el número de interesados no parece haber aumentado, pese a que la medida superó el trámite parlamentario el mismo día en que se hizo público un nuevo aumento del número de desempleados, que es de 2,6 millones.

Entre los afectados hay alrededor de 190.000 inmigrantes. Pero muy pocos de estos potenciales beneficiarios del plan de retorno piensan acogerse a él, ya que el incentivo que ofrece el Gobierno, que consiste en pagarles de una sola vez el subsidio de desempleo que les corresponda en base a los años trabajados, les parece más que insuficiente. Y el precio a pagar a cambio de rebajar el desempleo y aligerar las arcas de la Seguridad Social les resulta muy alto, ya que tendrían que renunciar a sus permisos de trabajo y residencia en España y comprometerse a no volver hasta dentro de tres años, sin garantía de que realmente les permitan hacerlo.