La reforma de la Ley de Extranjería anunciada por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que proyecta ampliar de uno a cinco años el plazo mínimo para la reagrupación familiar de los ascendientes (padres y abuelos), ha causado sorpresa y malestar en destacadas asociaciones de trabajadores extranjeros, que la consideran un recorte de derechos. Y sin duda se trata de una cautela excepcional, que puede dificultar el proceso de arraigo de una población llamada a cubrir, en unos años, una parte importante de las vacantes que dejarán las jubilaciones, como recordaba ayer el lehendakari Ibarretxe.