El Gobierno de Rumanía expresó ayer su malestar por las afirmaciones del ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, y se apresuró a desmentirlas. «No es verdad que los gitanos se hayan marchado a España», aseguró a este periódico el alto comisionado de Rumanía para la Emigración, Petre Roman. «Nos parece muy preocupante este ataque al Gobierno español».

Roman insistió en que el Ministerio del Interior le ha confirmado la inexistencia de ese supuesto aumento en el número de gitanos desplazados a nuestro país y enmarcó las palabras de Maroni dentro de una «retórica política» que le ha dejado «bastante impresionado en un sentido negativo».

«No se puede hacer este tipo de comentarios discriminatorios», denunció. «Primero empezaron a hablar mal de los rumanos; ahora, cuando se han dado cuenta de lo mucho que contribuyen a la economía italiana, se han concentrado en los gitanos».

Actualmente, hay unos 700.000 rumanos empadronados en España (247.000 afiliados a la Seguridad Social), pero es imposible delimitar el censo de la población gitana. «Nadie sabe cuántos hay», reconoció Roman, que recordó que los gitanos son ciudadanos de la UE. «Como no haya una política coherente de integración en la UE, el problema no se va a resolver», opinó.

Por otro lado, criticó a las autoridades italianas por «intervenir con medidas restrictivas en este tipo de desarrollos anárquicos de los gitanos». E hizo una reflexión: «¿Es mejor que la contribución de los inmigrantes rumanos se desarrolle en un ambiente relajado y de confianza como el español o en un ambiente de tensión como el italiano?».

Otro retorno voluntario

El que fuera primer ministro de Rumanía tras la caída del régimen comunista estaba ayer de visita en España para entrevistarse con los ministros de Trabajo, Celestino Corbacho, e Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Finalmente, no pudo verse con este último porque se encontraba enfermo, pero con Corbacho acordó la creación de un protocolo para los rumanos que pierdan su trabajo en España – hay 24.383 en paro – y quieran volver a su país.

«Será una especie de plan de retorno voluntario específicamente para los rumanos», explicó. «El Gobierno español va a colaborar con nosotros para informar a nuestros ciudadanos sobre las posibilidades laborales que se están ofreciendo en Rumanía».