Los inmigrantes arremeten contra el ministro por limitar la reagrupación Celestino Corbacho se enfrenta a la quinta reforma de la Ley de Extranjería con la oposición de los principales afectados: los inmigrantes. Ninguno habla bien del ministro de Trabajo e Inmigración, sobre todo después de hacer pública su intención de restringir las reagrupaciones familiares, un procedimiento que el año pasado dio papeles a 128.161 personas.

«Para este ministro sólo somos esclavos, mano de obra sin sentimientos. No se da cuenta de que la familia es un motor imprescindible para los sudamericanos», se enfada Vladimir Paspuel, coordinador de la Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui.

Corbacho anunció la noche del miércoles, en el programa 59 Segundos de TVE, que propondrá que en la nueva ley se prohíba a un inmigrante traer a su padre o a su madre hasta que obtenga la residencia permanente. En teoría, este estatus se consigue al quinto año de llegar a España, pero, en la práctica, puede pasar una década mientras el interesado tramita todo el papeleo.

«Hay situaciones que el ministro desconoce, como que a veces hay que esperar un año y medio hasta que te conceden una renovación para dos años», explica el presidente de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (Atime), Kamal Ramouhni. «¿Y qué ocurre con una madre que se ha quedado viuda en Marruecos y tiene a todos sus hijos en España? ¿Se va a quedar sola hasta que pasen cinco años?», plantea.

En la actualidad, la ley permite reagrupar a cónyuges, hijos y padres a partir del primer año de estancia en nuestro país. El ministro argumenta, para cambiar la norma, que es a partir del quinto año cuando «una persona va a formar parte de la realidad española». «Y, por tanto, en esos momentos sí que está bien que la familia extensa se reúna», añade.

Corbacho considera que, si no se restringe el derecho de los inmigrantes a traer a los suyos, habrá un millón más de extranjeros en los próximos cuatro o cinco años que «pondrían en riesgo» el Estado de Bienestar. Incluso ha amenazado varias veces con limitar totalmente las reagrupaciones de los ascendientes, así que su planteamiento de ahora es más suave que el inicial.

Será el Congreso el que tenga la última palabra. Antes de final de año, el Gobierno presentará allí un borrador con su propuesta, a la que el PP se opuso ayer porque «no soluciona las reagrupaciones en cadena, que son el verdadero problema», según su portavoz de Inmigración, Rafael Hernando.

El Gobierno canario – con sus centros saturados – es el único que apoya una medida contra la que arremetieron ayer UGT, Sos Racismo, Amnistía Internacional y un buen puñado de asociaciones. Los colectivos también expresaron sus reservas al Plan de Retorno Voluntario para Inmigrantes de Corbacho, que ayer aprobó el Congreso con 175 votos a favor, tres en contra y 125 abstenciones.

elmundo.es

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