El puente de plata que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha construido para que los inmigrantes legales vuelvan a sus países recibió ayer el visto bueno del Congreso de los Diputados. La Cámara convalidó el decreto ley que regula el Plan de Retorno Voluntario, una polémica iniciativa que fue aprobada hace dos semanas por el Consejo de Ministros y que consiste en ofrecer a los extranjeros la posibilidad de cobrar el seguro de desempleo en sólo dos plazos a cambio de que renuncien a sus permisos de residencia y de trabajo y se comprometan a no volver a pisar España en al menos tres años.

No obstante, la novedad de la sesión no estuvo tanto en la convalidación del decreto – algo que se daba por descontado – como en la abstención de los diputados del PP, que durante la legislatura pasada votaron sistemáticamente contra el Gobierno en asuntos de inmigración. Esta actitud inédita del grupo mayoritario de la oposición es vista en círculos parlamentarios como un cauteloso paso hacia un posible acuerdo en torno a la reforma de la Ley de Extranjería, que el Ejecutivo se propone abordar antes del verano próximo.

El plan de Retorno Voluntario es la primera iniciativa legislativa de Corbacho en el ámbito de la inmigración. Conviene recordarlo, porque desde que llegó al ministerio, hace sólo seis meses, Corbacho ha realizado varios anuncios que podrían inducir a creer que alguno de ellos ha sido plasmado legalmente.

Entre otras cosas, el ministro ha propuesto cortar la contratación en origen o privar a los inmigrantes del derecho a reagrupar a sus padres y a sus suegros. En ambas ocasiones se ha visto obligado a rectificar. Respecto al cierre de la contratación en origen, fue desautorizado por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. En cuanto a la reagrupación familiar de los ascendientes, aprovechó su aparición en un programa televisivo, el pasado miércoles, para matizar que podrán optar a ella sólo los inmigrantes con residencia permanente; es decir, los que llevan un mínimo de cinco años en España en situación regular (ahora tienen ese derecho los que llevan al menos un año en el país).