Donostia. El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 19 el Decreto de Incentivo al Retorno Voluntario, una iniciativa que ha ideado el Gobierno para facilitar la vuelta al país de origen de aquellos extranjeros residentes en el Estado que hayan perdido su empleo. Pero la medida no convence a las asociaciones.

Para Agustín Unzurrunzaga, portavoz de SOS Racismo en Gipuzkoa, existe un “gran escepticismo” a la hora de tomar una decisión de esta naturaleza. Asegura que la política de retorno es un “sonoro fracaso”, como lo demuestra que “tan sólo” 4.000 extranjeros en el Estado se hayan acogido a ella en el período comprendido entre 2004 – 2008.

Lo cierto es que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha visto obligado a corregir a la baja la previsión de solicitudes de retorno voluntario. “Si inicialmente habló de hasta un millón de extranjeros, ahora prevé unos 10.000. Es evidente que era un cálculo que no se sustentaba en la realidad”, sostiene a ese respecto Unzurrunzaga.

Con la nueva modificación, a los extranjeros que hayan cotizado y muestren su deseo de regresar a su país, se les ofrecerá la posibilidad de capitalizar el paro: el 60% del desempleo cuando se formalice la tramitación y el 40% cuando llegue a su destino. Se les hará firmar, eso sí, un documento en el que se comprometen a no regresar al Estado en un plazo de tres a cinco años.

No parece muy probable, en todo caso, según sostienen desde SOS Racismo, que muchos inmigrantes vayan a acogerse a este programa. “La prestación te soluciona la vida durante un tiempo, pero te cierra las puertas al regreso”, recalca Unzurrunzaga.