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Decenas de personas se congregaron ayer en el barrio napolitano de Plains tras el desalojo de un edificio ocupado por inmigrantes

ENRIQUE SERBETO CORRESPONSAL

BRUSELAS. El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE acordó el marco político para la creación de una «tarjeta azul» para inmigrantes cualificados, destinada a atraer a los trabajadores, técnicos y expertos desde países del tercer mundo. Todavía falta la farragosa tramitación comunitaria para convertir este proyecto en realidad, cuya puesta en vigor se calcula que no se producirá antes del año 2011. Los ministros aprobaron también formalmente el Pacto para la Inmigración y el Asilo cuyo contenido ya se había acordado en la reunión informal de Cannes (Francia) el pasado mes de julio. Este acuerdo, fruto esencialmente de una negociación entre el Gobierno español y la Presidencia francesa, será finalmente ratificado en la próxima cumbre del mes de octubre.

La «tarjeta azul» ofrecerá ventajas prácticas legales a los inmigrantes más capacitados procedentes de países extracomunitarios, que por ahora se dirigen preferentemente a Estados Unidos o incluso Canadá, donde las condiciones para ellos son mucho más simples. El mecanismo europeo es más o menos una imitación de la conocida «tarjeta verde» estadounidense, que permite a los inmigrantes entrar y salir libremente sin llegar a obtener la nacionalidad.

El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que encabezó la delegación española, destacó que esta medida forma parte del objetivo de la UE de «vincular los flujos migratorios al mercado de trabajo», tal como se dice en el Pacto por la Inmigración. Corbacho representa una cara bien distinta de España en los consejos del ramo, después de los años en los que la regularización masiva de inmigrantes despertaba las críticas de los principales socios comunitarios en cada consejo. Corbacho está ya en la misma línea que Francia en lo que respecta a la lucha contra la inmigración clandestina y en la necesidad de un compromiso de los inmigrantes para su integración en las sociedades de acogida.

Durante el debate de ayer sobre la «tarjeta azul», los ministros se pusieron de acuerdo en los puntos básicos de esta iniciativa, en la que se han tenido que aunar las sensibilidades de países con una alta demanda de mano de obra especializada y las de otros que pretenden que la extracción de este tipo de trabajadores pueda poner en peligro el desarrollo de sus países de origen.

España ha subrayado precisamente este aspecto y ha hecho también hincapié en la adaptación al mercado laboral «para no perjudicar las conquistas sociales», puesto que para aplicar este mecanismo se necesita que el trabajo que se ofrece al inmigrante especializado sea remunerado con al menos una vez y media el salario medio del país.

La República Checa pidió que no entre en vigor antes de mayo de 2011, fecha en la que acabarán las últimas medidas transitorias que entorpecen la libre circulación de trabajadores de los 10 países que ingresaron en la UE en mayo de 2004.