La Unión Europea (UE) dio ayer un nuevo paso hacia la puesta en marcha de una gestión de la inmigración más estricta y vinculada a las necesidades del mercado laboral al alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. El Consejo de Ministros comunitario cerró un acuerdo que será aprobado formalmente en la cumbre de líderes de la UE del 15 y 16 de octubre.

El texto de diez páginas limita la inmigración a las necesidades del mercado laboral y la capacidad de integración del país de acogida, con una firmeza total contra los indocumentados y descartando las regularizaciones masivas de ilegales.

Marco de compromiso

Este pacto, uno de los objetivos prioritarios de la presidencia francesa de la UE, es solo un compromiso político a partir del cual se deben articular las nuevas medidas de la política común de inmigración que tomarán forma en los próximos años.

El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, rechazó que con este acuerdo la UE vaya a convertirse en una “fortaleza”, pero afirmó que tampoco puede ser un “colador” por el que se pase sin control.

El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, consideró que el pacto “es un gran paso” dentro del objetivo de los Veintisiete de “ligar los flujos migratorios al mercado de trabajo”, a fin de evitar el tráfico de personas y los abusos que sufren los indocumentados.

Si no se consigue vincular la inmigración a las necesidades laborales se producen una “degradación del mercado de trabajo y una regresión de las conquistas sociales”, aseguró.

El pacto tiene cinco puntos básicos: organizar la inmigración legal según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración ilegal y expulsar a los irregulares; fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.

Recursos disponibles

Por ello, indica que la gestión de la inmigración en la UE debe tener en cuenta la situación del mercado laboral, así como los recursos disponibles en materia de alojamiento, sanidad y educación.

Dentro del objetivo de lograr una inmigración controlada y selectiva, el Consejo de Ministros logró un principio de acuerdo sobre la creación de una “tarjeta azul” para atraer a inmigrantes altamente cualificados.

Aunque falta por definir la fecha de entrada en vigor, que no sería antes de mediados de 2011, debido a las reticencias de la República Checa, la "tarjeta azul ofrece ventajas legales y prácticas a los inmigrantes más capacitados procedentes de países extracomunitarios, que actualmente suelen preferir asentarse en EE UU o Canadá.

Corbacho destacó que la UE aceptó una propuesta española para evitar que este mecanismo abra la puerta a una “fuga de cerebros” de países en desarrollo.

La propuesta define como inmigrantes altamente capacitados a los que tengan estudios universitarios de al menos tres años, o una experiencia profesional en un trabajo equivalente durante un mínimo de cinco años.