La luz verde concedida por los ministros de Interior de la UE al Pacto Europeo de Inmigración que, a falta de su ratificación por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre del mes de octubre, comprometerá en adelante a los Veintisiete supone el primer avance de envergadura en el objetivo largamente perseguido de forjar una política común europea en materia de inmigración y trata de frenar el clima de mutuos reproches y acusaciones de permisividad o marginación dada la descompensación en el tratamiento del mismo fenómeno en unos y otros socios. Pero el espacio común europeo reflejaba, sobre todo, un comportamiento insolidario de sus miembros que perjudicaba a los más expuestos a las migraciones, especialmente España. El pacto gestado a iniciativa de la presidencia francesa establece los pilares de una política compartida que garantizará a los inmigrantes legales un grado similar de derechos independientemente del país donde residan. La renuncia de París a mencionar en el texto la referencia a un contrato de integración, a instancias de España, no debería implicar que el exigible respeto por el bagaje cultural y religioso de los llegados con otras tradiciones impida favorecer y fomentar su engarce con los “valores fundamentales” de libertad e igualdad, la razón de ser del espacio europeo.