Las prostitutas que denuncien a las mafias dedicadas a la trata de seres humanos y que, en el plazo de treinta días posteriores a la denuncia, la ratifiquen, podrán acceder a un permiso de trabajo y de residencia; es decir, conseguirán los papeles que las permitirán vivir en España con todos los derechos y deberes de cualquier ciudadano español. En términos cuantitativos, esto supone que 216.000 prostitutas – según los datos que manejan las ONG- podrían acogerse a esta medida, inluida en el plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual, cuyo borrador fue presentado ayer por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a las organizaciones no gubernamentales.

Según consta en el citado borrador, durante el periodo de un mes establecido para la ratificación de la denuncia contra alguna de estas organizaciones mafiosas, el Gobierno se encargará de asistir a la denunciante tanto económicamente (con una aportación aún sin cuantificar) como desde el punto de vista de la protección física. Asimismo, las víctimas del comercio sexual contarán con asistencia letrada gratuita y con un intérprete, así como asistencia médica y apoyo psicológico.

Esta medida, sin embargo, no es nueva. Ya la ley de Extranjería incluye la posibilidad de dar una autorización “temporal de residencia” a las mujeres que denunciaban a estas mafias, pero la excepcionalidad de esta actuación es tal, que muy pocas se han animado a dar el paso de denunciar a unas organizaciones que las tienen bajo amenazas y que las coaccionan con hacer daño a sus familias.

La ministra Aído calificó la trata de seres humanos como un fenómeno “repugnante” y “lamentable” que se ceba con mujeres “especialmente vulnerables”. Según los datos facilitados por las ONG, en España hay alrededor de 300.000 prostitutas, de las que el 90% son extranjeras. De estas, el 80% son víctimas del comercio sexual, muchas de las cuales trabajan en alguno de los más de 14.000 bares de alternes existentes.

Otra de las medidas incluidas en este plan es la creación de un fondo de bienes decomisados a estas organizaciones similar al que ya existe en materia de drogas. El dinero de los decomisos se dirigiría a la atención a las víctimas de la trata de seres humanos y a la formación de los profesionales que las atienden.

El plan prevé, además, la intensificación de campañas publicitarias con el fin de sensibilizar a la población, sobre todo masculina, de que detrás de una prostituta hay un ser humano al que, con mucha probabilidad, se está explotando y vejando. Y eso hace partícipe del delito, al menos moral, al que recurre a estas mujeres o niñas.