La polémica vuelve a estar servida. La propuesta sobre financiación del Gobierno catalán, que desarrolla el documento de pautas básicas que dio a conocer en abril pasado y que tanto revuelo armó, se enfrenta a la mayoría de comunidades autónomas. En el cálculo para determinar las necesidades de gasto de cada una, veta cualquier otra variable que no sea la población (con una ponderación no inferior al 95%) y la inmigración (5%). “Introducir otras variables no está justificado. El impacto de la superficie y la dispersión está sobradamente compensado por el impacto de la congestión y la densidad”, dice el documento.

Las regiones del frente Noroeste, por ejemplo, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón y Extremadura exigen que la población pese menos que en el actual modelo en el reparto de los fondos, que pondere entre el 70% y un máximo del 80%, y que se complemente con otras variables como envejecimiento, dispersión o extensión geográfica.

Con ello, la Generalitat espera obtener, tras contribuir a la solidaridad, unos recursos por habitante entre el 3% y el 5% por encima de la media. La capacidad fiscal de Cataluña está por encima de ésta, pero hoy, después de la nivelación, obtiene unos recursos el 6% inferiores a la media.

Ésta es una de las principales concreciones de la propuesta del tripartito, que el pasado 4 de agosto remitió a Convergència y Unió (CiU) para pactar un frente común, y sobre la que el consejero de Economía, Antoni Castells, espera aún respuesta. En lugar de eso, la federación nacionalista le facilitó, a primeros de septiembre, otro documento distinto, lo que ha sentado como un tiro al Gobierno catalán.

La Generalitat no entiende los motivos de la negativa de Convergència. La propuesta del Ejecutivo que preside José Montilla es ambiciosa y roza el límite de lo que dice el Estatuto.

El punto 2 del documento mantiene la cesión del rendimiento 50% del IRPF y del IVA y del 58% de los impuestos especiales. Pero “estos porcentajes son el punto de partida”, recuerda la propuesta. El ejercicio de la capacidad normativa por parte de la Generalitat puede alterarlos. En este sentido punto 3, en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones se consideran las figuras propias del derecho civil catalán; poder determinar los mínimos personal y familiar en el IRPF o desglosar la tarifa del IVA en un tramo autonómico minorista, entre otros.

La propuesta también recoge la creación del consorcio tributario que gestione y recaude todos los impuestos, si bien empezará con el IRPF y posteriormente ampliará sus funciones al resto de tributos y punto 5 asegura que el resultado de la nivelación (la contribución a la solidaridad), “deber servir para acercar los recursos entre las autonomías, pero en ningún caso invertir las posiciones iniciales, en cumplimiento del principio de ordinalidad”. Es uno de los temas que, parece ser, más preocupa a CiU.