madrid. El Gobierno propone dar ayudas económicas y cobertura legal a las prostitutas víctimas de trata sexual, el 90% de ellas extranjeras, y se compromete a no expulsarlas del país en el plazo de un mes mientras deciden si denuncian a quienes les explotan.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, entregó ayer, Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niños, a diferentes organizaciones las líneas de trabajo del Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

El borrador incluye propuestas como la de facilitar la tarjeta de residencia a la víctima extranjera que denuncie y colabore con la justicia, junto a otras medidas, que según Aído, les ayuden “a salir de esa situación a la que están sometidas”.

El Gobierno prevé que este plan integral, en el que han participado once ministerios y que tendrá una vigencia de tres años, pueda ser aprobado antes de que acabe el año.

La ministra ha explicado que en España el 90% de las mujeres que se dedican a la prostitución son extranjeras y que ocho de cada diez son víctimas de explotación sexual y trata de seres humanos.

“Queremos que las víctimas de trata tengan garantías jurídicas y condiciones suficientes para que se sientan seguras, para que denuncien sin miedo, esto es esencial para garantizar que los delincuentes terminen ante los jueces”, dijo.

Entre las medidas, se incluyen la asistencia letrada gratuita y de intérprete en su lengua cuando lo precisen y para los testigos y víctimas protección especial.

un mes para colaborar Se establece el plazo de un mes para que “decidan acerca de su colaboración con la justicia, sin que las mujeres sean expulsadas durante ese tiempo y cuenten con garantías y tranquilidad suficientes para poder denunciar”. También prevé ayudas económicas para las víctimas, “de manera temporal, para que tengan un cierto soporte inicial y no se vean aún más desvalidas”, explicó Aído, quien señaló que, aunque todavía están sin cuantificar, “no faltarán recursos económicos”.

Para asistencia a las víctimas, contará con la participación en la gestión de las organizaciones del sector y también incluye mejorar la formación de los profesionales que las asisten. “Durante los 30 días estarán perfectamente atendidas, en casas de acogida o con ayudas económicas para permitirles su subsistencia, pero no se llevaría a cabo la expulsión”, ha aclarado la ministra de Igualdad. >efe