Las víctimas de explotación sexual tendrán “garantías jurídicas y seguridad para que denuncien sin miedo”, lo que se traducirá en asistencia letrada gratuita, intérprete en su propia lengua, medidas de protección especiales, ayudas económicas temporales y un “período de reflexión” de un mes “sin que sean expulsadas” para que puedan decidir con calma sobre su posible colaboración con la Justicia. Así lo anunció hoy la titular de Igualdad, Bibiana Aído, tras presentar el borrador del Plan Integral de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual a 24 organizaciones no gubernamentales, 22 de ellas integrantes de la Red contra la Trata de Seres Humanos en España.

En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, la ministra no ahorró calificativos para denunciar esa “nueva esclavitud del siglo XXI” y ese “delito especialmente repugnante, lamentable y odioso” que convierte a las víctimas en “objeto de mercancía”. Aído recalcó los “datos escalofriantes” de un comercio sexual al que cada año entran a la fuerza dos millones de niñas en todo el mundo, y que en España también tiene perfiles inquietantes: el 90% de las prostitutas son extranjeras y el 80% víctimas de trata de seres humanos; apenas el 5%, remachó, se encuentran en esa situación de forma voluntaria y libre.

Recursos económicos

La responsable de Igualdad reconoció que a este Plan Integral contra la trata sexual le quedan importantes detalles pendientes, empezando por la Memoria Económica, que está siendo desarrollada por los once ministerios implicados en la redacción del texto. Pero insistió en que “no faltarán recursos económicos” para aplicarlo. Todavía no se ha determinado, por ejemplo, la ayuda que recibirán las víctimas durante el mes de “reflexión”. Y tampoco se sabe exactamente qué pasará a partir de ese momento, tanto si la denuncia sigue adelante como si no.

Lo que sí se conocen son algunas otras medidas contempladas, que incluyen una mejora de la formación de las y los profesionales que trabajan en ese ámbito y campañas para sensibilizar a la ciudadanía. El Plan, que había sido prometido por el Gobierno para este 2008, tiene un horizonte de tres años, y las previsiones ministeriales apuntan a que sea aprobado en el próximo trimestre y “entre en vigor de forma automática”. Aído, que prometió contar con las asociaciones para dar asistencia integral a las víctimas, enfatizó su deseo de que el proyecto final sea “realmente integral y participativo”, por lo que el borrador será trasladado también a las comunidades autónomas, para su estudio en la próxima Conferencia Sectorial, y al representante especial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) sobre trata de seres humanos.

Combatir las causas

Desde Igualdad se pone también el acento en “combatir las causas” de pobreza que abocan a la emigración a muchas mujeres de países en desarrollo y las exponen a caer en redes de tráfico de personas. Todo ello, apuntó Aído, hace que el fenómeno sea muy complejo y que las víctimas se hallen en una situación de especial vulnerabilidad, y de ahí la determinación compartida por Gobierno y ONGs de hacerles “lo más fácil posible” tanto la denuncia como la salida de esa “nueva esclavitud”.

La ministra prefirió, por otro lado, dejar “para otro momento” el debate sobre los anuncios de prostitución en los medios de comunicación, sobre los que se limitó a apuntar que “no me gustan”. Más rotundo fue el llamamiento que se escuchó en las Jornadas Internacionales sobre la Demanda de Prostitución (‘Los clientes’, con Comillas), donde numerosas voces demandaron a los medios españoles y europeos que “supriman toda la publicidad relacionada con el comercio sexual” para no contribuir a la expansión de la industria del sexo, señalada como la segunda gran fuente ilegal de ingresos en el mundo después del negocio de las drogas.