Diez detenciones de guardias civiles en el mismo día acusados de cohecho, y la mayoría se llevó a cabo en el aeropuerto de Gran Canaria, donde muchos de sus trabajadores acudían ayer sin saber que los agentes con los que cruzan unas palabras a diario están arrestados en comisaría.

Indignación por un lado, y decepción, por otro, pero sobre todo una gran sorpresa fue la impresión de todas aquellas personas que trabajan en el aeropuerto de Gran Canaria al conocer la noticia de la detención de diez guardias civiles del servicio fiscal y Aduanas.

Durante la tarde del lunes la Guardia Civil detuvo a diez de sus efectivos por un presunto delito de cohecho, ya que, al parecer, cobraban a los ciudadanos extranjeros por agilizar u omitir trámites aduaneros a su llegada a Gran Canaria.

Aprovechando que no dominaban el idioma o que lo desconocían por completo, y que muchos no querían declarar el dinero que entraban en España, los agentes cobraban presuntamente entre 1.000 y 1.500 euros a los viajeros.

Estos agentes, que actualmente permanecen detenidos en dependencias policiales de la capital grancanaria, pasarán el jueves a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción Número Uno de Telde, que dirige el caso.

Mientras, compañeros y conocidos de los presuntos agentes implicados prefieren no hacer declaraciones hasta que se demuestre su culpabilidad.

No así, muchos otros que manifestaron su opinión sin miedo a represalias. «Es el tema del día», comentaba un dependiente. «Te puedes esperar cualquier cosa de cualquiera», le contestaba otro. Y es que el arresto de tantos agentes destinados en el aeropuerto no deja impasible a nadie.

Algo que llamó la atención al personal, además de que los arrestos sean a policías, es que sean tantos los implicados y que pudieran hacerlo con las medidas de seguridad que tiene el aeropuerto. «Los controles son exhaustivos, incluso para el personal», subrayó un trabajador del departamento informático. «Me parece extraño lo ocurrido porque en Aduanas hay cámaras de seguridad de Aena», comentó una azafata, «o tal vez los de Aena se hagan los locos, o fueron quienes denunciaron».

‘Propinas’ para las aduanas.

Algunos de los viajeros entrevistados no mostraron ni un ápice de sorpresa al conocer la detención de los diez guardias civiles del aeropuerto de Gran Canaria, puesto que aseguraron a este medio que esa práctica se lleva realizando durante bastante tiempo. «Los que viajamos habitualmente a África sabemos desde hace años lo que ocurre en cualquier departamento de Aduanas», afirmó un viajero haciendo referencia a las diferentes sumas que en ocasiones hay que dejar a los agentes para pasar el control.

Otro viajero, minutos antes de coger su vuelo explicó que «en Mauritania, los agentes de Aduanas piden una ‘propina’ al pasar el control», de unos diez a veinte euros. «Pero no pasa nada si no la quieres dar», añadió. Sin embargo, lo que supuestamente ocurría en el aeropuerto de Gran Canaria es algo diferente. «Aquí, sé de algunos mauritanos que cuando llegan al control, los agentes les cuentan el dinero que traen y simplemente les quitan uno o dos billetes de 500 euros y se los meten en el bolsillo», aseguró otro ciudadano, Manuel Vega. «Las víctimas no denuncian lo que les ha pasado puesto que normalmente tampoco ellos quieren declarar ese dinero que entra en España, muy probablemente porque es ilegal», concluyó.

Los delitos, grabados con cámara oculta en Aduanas.

La investigación sobre el posible caso de corrupción dentro del grupo de agentes de la Guardia Civil encargados del servicio de Aduanas del aeropuerto de Gran Canaria parece que empezó con una denuncia formulada hace meses sobre los presuntos casos de cobros ilegales a extranjeros en los trámites aduaneros por parte de diez guardias civiles.

Para llevar a cabo las pesquisas se colocaron, bajo orden judicial, varias cámaras de grabación ocultas en la oficina del Servicio Fiscal y Aduanero con las que se pueden probar los delitos.

Una de estas cámaras fue descubierta a principios del mes de septiembre por un agente de la Benemérita, que denunció el hallazgo a la Guardia Civil de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía.

La denuncia se remitió al Juzgado número seis de Telde donde el magistrado decidió precintar la cámara y decretar el secreto de sumario del caso.

En aquel momento, la organización profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) denunció el descubrimiento en su página web, el pasado 22 de agosto. De este dispositivo de transmisión de imágenes a un aparato grabador exterior se tomaron fotografías y grabaciones, con el objetivo de demostrar el lugar de ocultación e instalación de la cámara, según señaló entonces la IGC en su página web.

Miguel Valera, secretario jurídico nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) señaló en ese momento que ellos también tenían conocimiento de la cámara, y que las dos posibilidades que planteaban no eran nada agradables, pues o se estaba violando derechos constitucionales o se confirmaba que se había colocado por decisión judicial, lo que implicaba una investigación de un presunto caso de corrupción en la Guardia Civil, como ocurrió.