La propuesta de ofrecer cobertura legal a las prostitutas explotadas forma parte del borrador del plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines sexuales, que ayer presentó a diferentes organizaciones la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

El borrador del documento incluye propuestas como la de facilitar la tarjeta de residencia a la víctima extranjera que denuncie y colabore con la justicia, junto a otras medidas que, según Aído, las ayuden “a salir de esa situación a la que están sometidas”.

El Gobierno prevé que este plan integral, en el que han participado once ministerios y que tendrá una vigencia de tres años, pueda ser aprobado antes de que acabe el año.

La ministra ha explicado que en España el 90 por ciento de las mujeres que se dedican a la prostitución son extranjeras y que ocho de cada diez son víctimas de explotación sexual y trata de seres humanos. “Queremos que las víctimas de trata tengan garantías jurídicas y condiciones suficientes para que se sientan seguras, para que denuncien sin miedo; esto es esencial para garantizar que los delincuentes terminen ante los jueces”, afirmó.

Entre las medidas que se contemplan en este plan integral se incluyen la asistencia letrada gratuita y de intérprete en su lengua cuando lo precisen, y para los testigos y víctimas, protección especial.

Se establece el plazo de un mes para que “decidan acerca de su colaboración con la justicia, sin que las mujeres sean expulsadas durante ese tiempo y cuenten con garantías y tranquilidad suficientes para poder denunciar”.

También prevé ayudas económicas para las víctimas, “de manera temporal, para que tengan un cierto soporte inicial y no se vean aún más desvalidas”, ha dicho Aído, quien ha señalado que, aunque todavía están sin cuantificar, “no faltarán recursos económicos”.

Para asistencia a las víctimas, contará con la participación en la gestión de las organizaciones del sector y también incluye mejorar la formación de los profesionales que las asisten.

“Durante los 30 días estarán perfectamente atendidas, en casas de acogida o con ayudas económicas para permitirles su subsistencia, pero no se llevaría a cabo la expulsión”, ha aclarado la ministra de Igualdad.

El Gobierno también va a remitir este plan, que exigirá reformas del Código Penal, a la representante especial para la lucha contra la trata de seres humanos de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa) y a las comunidades autónomas para su debate en la próxima conferencia sectorial.

La ministra ha recordado que ese “fenómeno lamentable”, considerado como la nueva esclavitud del siglo XXI, afecta a dos millones de niñas, que cada año son introducidas en el comercio sexual, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas.