La determinación expresada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aido, de emprender una campaña contra la trata de personas y la explotación del negocio de la prostitución se enfrenta a un inquietante fenómeno que en los últimos años se ha desarrollado extraordinariamente en España al socaire de la inmigración ilegal. Pero la fragilidad social y económica de este colectivo, en el que más del 80% de las mujeres ejerce contra su voluntad, arroja algunas dudas sobre la eficacia del Plan Integral para lograr la denuncia de las tramas de explotación. El plazo de 30 días establecido antes de proceder a la expulsión o el cese en las protección de una denunciante parece extremadamente reducido. Tratándose de una iniciativa necesaria para combatir este delito, requiere de una dotación suficiente de recursos y un estudio riguroso de las necesidades de las víctimas de la explotación sexual para preservar su seguridad y garantizar su cooperación con la Justicia.