POR TERE COELLO

SANTA CRUZ. Samuel tiene quince años. Desde África, su padre viajó a Canarias con un contrato de trabajo. Al poco tiempo pudo traer a Mara, su mujer, y a su hijo de ocho años por medio del reagrupamiento familiar. Establecieron su residencia en Tenerife, donde un año más tarde nace una hermana. Mara rápidamente se integró en grupos sociales, quería aprender español. Aprendió a leer y a escribir por medio de unas clases especiales para inmigrantes que impartían los integrantes de una ONG.

No sólo aprendió español sino que además también le hablaron de obligaciones y derechos, de la Ley de Extranjería y de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres. Quiso ponerla en práctica en su casa, a cambio recibió golpes, patadas y sexo a la fuerza. Por entonces, los niños ven como su padre grita y pega a su madre. Ella también grita y llora. En la mayoría de las discusiones el motivo son las relaciones sexuales. Nunca denunció. Su condición de reagrupada no se lo permitía, si daba a conocer su caso corría el riesgo de que su marido la devolviera a su país de origen.

Nuevamente se quedó embarazada y su esposo la abandona quedando a su suerte, con dos hijos, otro por nacer, sin trabajo y la piel negra.

Los servicios sociales de Cáritas fueron su tabla de salvación y la despensa de su hogar. Recibe alguna ayuda económica, mínima, que no llega a cien euros, fruto de colectas. Los dueños del piso en el que viven no la presionan y le dan tiempo. Son unos meses muy difíciles hasta que nace su tercer hijo, que trae consigo ayuda de algunas asociaciones vecinales, servicios sociales y un trabajo. Pero no era suficiente.

Samuel asistía a un colegio público cerca de su domicilio. El abandono de su padre le convierte en cabeza de familia. Con 13 años empezó a faltar al colegio y comenzó a trabajar para ayudar en casa. Lleva dos años recibiendo un sueldo pero no cotiza. La ley no reconoce su derecho al trabajo.

Abandonó las aulas y a su grupo de amigos. A cambio «es mayor» y responsable. A los ojos de sus ex compañeros de colegio es una víctima y a la vez un héroe que gana un sueldo y se hace cargo de su familia.

El más pequeño de los hermanos va a la guardería. Samuel lo recoge cuando finaliza su jornada laboral, lo trae a casa y cuida de él hasta que llega su madre con su hermana. La situación laboral de Samuel no está contemplada dentro de la legalidad. En España los menores inmigrantes reagrupados no pueden trabajar si su edad es inferior a los dieciocho años. Recientemente, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha hablado de la reforma de la Ley de Extranjería en este aspecto.

En España, según el derecho laboral, los menores de entre 16 y 18 años pueden trabajar bajo consentimiento de sus padres. Además las reglamentaciones, convenciones colectivas de trabajo o tablas de salarios, garantizarán al trabajador menor la igualdad de retribución, cuando cumpla jornadas de trabajo o realice tareas propias de trabajadores mayores.

El ministro Corbacho entiende, y así lo ha expresado, que hay una discriminación del menor que viene de fuera en relación al menor del país, «A estos, la Ley les reconoce el derecho de buscar trabajo y realizarse personalmente y a los reagrupados no, cuando son en muchos casos quienes más lo necesitan y viven de sociedades donde el acceso al mercado laboral se produce incluso antes». En Canarias hay 27 centros para acogida de menores extranjeros no acompañados que albergan a más de 1200 jóvenes.

La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico, Inés Rojas, en recientes declaraciones ha manifestado la satisfacción de comprobar como el Gobierno central, en su política de inmigración, incluye a los menores, además del especial interés que está mostrando el ministro: «Ya en Canarias dijo que nuestras leyes, nuestros documentos jurídicos, no contemplan la situación de los niños de Africa porque cuando elaboramos nuestras leyes nadie preveía que íbamos a tener esta situación.

Añadía Inés Rojas que «ya van diez años de esta situación y desde Canarias se ha dicho tanto a España como a Europa que el Cuerpo Jurídico tiene que adaptarse a la realidad y no se puede obviar que los niños están aquí y hasta que se resuelva, Canarias tiene la tutela de esos menores».

Modificar la ley

En el último Foro de la Inmigración celebrado, el ministro Corbacho propuso una modificación de la Ley de Extranjería con el consenso de todos según ha señalado Rojas, quien ha apuntado que en ese Foro se ha hablado de la situación laboral de los menores. «No hemos llegado todavía a ningún acuerdo, no se nos ha propuesto. Hemos quedado que en próximas reuniones, el ministro ya nos indicará cuando le presentamos nuestras sugerencias y lo que nosotros entendemos desde Canarias; creo que tenemos muchísimo que aportar dado el conocimiento que tenemos al respecto».

La consejera no se ha manifestado sobre la polémica de si deben o no trabajar a los 16 años. «A mí me gustaría que primero España conozca la situación de estos niños y que, cuando estos niños llegan aquí… es verdad que se les produce una decepción tremenda porque no olvidemos, que ellos llaman a su familia, que su familia espera que envíen dinero a casa porque a eso es a lo que han venido. Cuando esos niños les dicen a sus familias que están en un centro estudiando, formándose para trabajar en un futuro…su familia no lo entiende».

Subrayaba Rojas que hay situaciones en las que hay que saber si se quiere esa plena integración, «valorar si vienen a vivir aquí, tendremos que adaptarnos a los niveles sociales que hemos concebido aquí. Es verdad que ellos tienen otra cultura y que en su país los niños si trabajan. Poniendo todo eso y algo más también sobre la mesa, Canarias va a aportar su decisión y lo que opina, pero en estos momentos, yo creo muy arriesgado decir sí en un sentido o en el otro».