Sus percepciones son inferiores a las de los nacionales porque han cotizado mucho menos «Hay 180.000 extranjeros cobrando seguro de desempleo y ya volvemos a tiempos pasados. Hay 20.000 andaluces que han pedido trabajo en la vendimia francesa», dijo la semana pasada el líder del PP, Mariano Rajoy. Al día siguiente tuvo que matizar que los inmigrantes tienen «absoluto derecho» a percibir el desempleo.

Los datos confirman que sus cotizaciones son más bajas que las de la media de los trabajadores nacionales y que sólo un 55% logra recibir la prestación de hasta seis meses como máximo, frente a los dos años que se puede llegar a percibir los que tengan carreras de seis años de cotización. De los 2.111.878 extranjeros que figuran oficialmente como afiliados en la Seguridad Social, 266.468 estaban parados en julio pasado (110.000 más que hace un año). De ellos, 188.451, casi 80.000 más que hace un año, cobraban el paro en este mes. Es decir, siete de cada 10 inmigrantes logran ahora tener algún tipo de prestación, aunque este porcentaje irá reduciéndose si la crisis se prolonga.

Su coste es de 165,4 millones de euros, frente a los 87,3 millones (un 90% más) de hace sólo 12 meses como consecuencia del aumento del paro, sobre todo en la construcción y, en menor medida, en el de servicios, que es donde más se está cebando el ajuste económico.

Hasta ahora, muchos de estos trabajadores, procedentes de la regulación del Gobierno de 2005, acumulan periodos más o menos estables de cotización. Pero también hay otros casos en que han tenido dificultades para conseguir una cotización suficiente para acumular el año de cuotas que exige el INEM para tener derecho a una prestación (de cuatro meses). Se da la circunstancia de que, por ejemplo, los que vienen de la construcción proceden de contrataciones temporales, y los que la han tenido indefinida han resultado despedidos – en muchas situaciones – durante las vacaciones, fines de semana, fiestas o fines de mes para que el empresario pudiera ahorrarse cotizaciones. Y hay que sumar que la mayoría de los extranjeros han cotizado por bases muy bajas.

Todo esto ha llevado a que, según un estudio de CCOO, «al menos el 55% de los inmigrantes sólo podrán cobrar como máximo durante seis meses». Lo que significa que durante los últimos tres años, cuando el ciclo económico iba como un tiro, sólo han podido sumar año y medio de cotizaciones acumuladas.

En CCOO se apunta que «sólo un 8% del total de los parados inmigrantes con derecho a desempleo, unos 15.000, podrán percibir la prestación por encima de 18 meses. En este grupo se encuentran los marroquíes y colombianos que llevan en España desde antes de 2005.

Sin embargo, Kamal Rahmouni, presidente de la Asocaición de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), señala que los que llegaron después de 2005 sólo recibirán de media «entre cuatro y seis meses de prestación». El problema es que – si la crisis se alarga – muchos de los inmigrantes que ahora cobran acabaran en la economía sumergida o se tendrán que pagar sus propias cotizaciones para renovar su permiso de trabajo, sobre todo aquellos que se encuentren en el último tramo de dos años para conseguir oficialmente la residencia (el período total es de cinco años en tres renovaciones).

Por otra parte, el pasado viernes el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el decreto que regula el Plan de Retorno Voluntario de los inmigrantes a sus países, pudiendo cobrar el 40% de la prestación en un único pago y el resto cuando estén en su país, con el compromiso de no volver en tres años. Según CCOO, la cuantía y los pocos meses de su cobro hacen inviable dicho retorno.

Así, según este estudio, el 59% del total de los inmigrantes sólo podría optar a 6.202 euros en total como prestación máxima capitalizada. «Y volver cuesta más, porque muchos de ellos, sobre todo ecuatorianos, han reagrupado aquí a su familia y los aviones son caros», dicen en fuentes de este sindicato. Además, únicamente el 11% tendría acceso a capitalizar el paro por encima de los 13.829 euros. Según CCOO, sólo estos últimos podrán plantearse su salida de España, unos 20.000.