Los potenciales beneficiarios son 87.000 personas de 19 nacionalidades,que deben consultar en el INEM los detalles

madrid. Los trabajadores no comunitarios que quieran cobrar el paro después de regresar a su país de origen deberán esperar hasta finales de octubre o noviembre para hacerlo, según una iniciativa aprobada ayer por el Consejo de Ministros con carácter permanente.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, añadió tras la aprobación en Consejo de Ministros del decreto ley, que la nueva normativa será tramitada en el Parlamento por vía de urgencia. Junto a él, presentó la nueva regulación la vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández de la Vega.

Según sus cálculos, la cifra de potenciales beneficiarios de la medida se eleva a 87.000, con una duración media de la prestación del paro que oscila entre los 6 y los 18 meses.

El plan permitirá a los inmigrantes percibir la prestación en dos plazos: el 40% en España, una vez reconocido el derecho, y el 60% en el país de origen, transcurridos treinta días naturales desde el primer pago.

A partir de la semana próxima, los interesados podrán acudir a las oficinas del INEM para recabar información, aunque no será hasta finales de octubre o principios de noviembre cuando el derecho sea efectivo, subrayó el ministro.

La medida está destinada a trabajadores desempleados de los 19 países con los que España tiene firmados convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, pero el decreto ley deja abierta la opción de negociar con otros países interesados si garantizan cobertura sanitaria y social.

También menciona la posibilidad de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación dialogue con los países para ofrecer otro tipo de ayudas complementarias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Corbacho recordó que actualmente los desempleados pueden capitalizar su paro para montar una empresa o cobrar la prestación mes a mes hasta agotarla, dos opciones que se mantienen sin distinción de origen de los residentes.

Para acceder al plan, el inmigrante se comprometerá a no volver a España en un plazo de tres años, pero si regresa a nuestro país al cabo de ese tiempo “recuperará íntegramente los derechos que hubiera acumulado”, subrayó Corbacho.

“Se trata de que si una persona retorna no pierda ningún derecho que había conseguido y que se entienda como una oportunidad para que la persona pueda emprender una nueva actividad en su país”, según Corbacho. Con ello se facilitarán las denominadas migraciones circulares, que permiten a las personas migrantes decidir su estancia en España de acuerdo tanto a las oportunidades laborales de su país de origen, como a las de destino.