La aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto ley que facilitará el regreso a sus países de aquellos extranjeros no comunitarios que hayan perdido su empleo avanza en la reorientación de la estrategia en materia de inmigración puesta en práctica por el Gobierno a raíz del agravamiento de la crisis económica. La iniciativa permitirá a los inmigrantes en paro cobrar el conjunto de sus prestaciones en dos plazos, a fin de que restablezcan su vida en sus lugares de origen con el compromiso de no retornar a nuestro país en tres años. El ministro Corbacho se esforzó ayer en presentar la medida como una “oportunidad” para los inmigrantes y para los países de los que proceden. Pero esa afirmación no puede ocultar la evidencia de que la motivación última son los eventuales problemas que puede generar el incremento del paro en un colectivo tan sensible. Algunas organizaciones de inmigrantes han cuestionado ya su efectividad real dado que quienes pueden percibir los subsidios de desempleo serían en buena medida trabajadores identificados con su vida en España. Pero lo más reprochable no es sólo la vinculación de la medida a las dificultades económicas sino lo que conlleva de renuncia a interiorizar como propias las zozobras que puedan estar sufriendo ahora quienes vinieron a labrarse un futuro mejor y optaron por permanecer junto a nosotros.