Los goteos de asesinatos cotidianos del crimen organizado en Nápoles y su región, Campania, o en Calabria, ya no son noticia casi ni en Italia, pero de vez en cuando alguna barbaridad logra todavía atraer la atención. Como la ocurrida la noche del jueves en Castelvolturno, pequeño pueblo campano de 22.000 vecinos, situado al borde del mar y muy cerca de Lazio, la región de Roma. Se sucedieron dos emboscadas de la Camorra en apenas cinco minutos, con auténticos comandos de seis o siete personas, algunos de ellos con chalecos de la Policía, a bordo de motos y un coche. Dejaron siete muertos.

Probablemente el mismo grupo llevó a cabo los dos ataques, aunque aún se debe confirmar. Iban armados con un arsenal: en los más de doscientos tiros que dispararon hay balas de Kalashnikov, pistolas Lugger y calibres 380 y 9×21, según la Policía. Parecen ajustes de cuentas o simples pruebas de fuerza en una guerra de clanes en ciernes. Pero hay una novedad: seis de los fallecidos eran africanos. Quizá entre ellos había implicados en tráfico de droga, pero el ataque fue indiscriminado contra una tienda y quien pasaba por allí. Es una señal contra la comunidad africana y los nuevos clanes nigerianos y de otras nacionalidades que intentan hacerse un hueco en el narcotráfico.

Las consecuencias también fueron nuevas. A los vecinos italianos, crecidos en el miedo, ya ni se les ocurre abrir la boca, pero la población africana se echó ayer furiosa a la calle, a la luz del día, para protestar por los asesinatos. Decían que los fallecidos eran gente decente y lanzaron acusaciones de racismo. Lamentaban que han encontrado una guerra peor de la que dejaban huyendo de sus países. Se vivieron escenas de revuelta callejera con un centenar de manifestantes violentos. Tráfico cortado con contenedores, rotura de escaparates, coches volcados, piedras… Las autoridades tampoco pusieron demasiado de su parte para aplacar la movilización.

Territorio de los Casalesi

Castelvolturno puede parecer un villorrio sin importancia, pero es territorio del clan de los Casalesi, dueño de Caserta y alrededores. Es uno de los más temibles de la Camorra, muy infiltrado en la construcción. Sus tentáculos se extienden a Roma, Milán y otras capitales del norte. Es el clan que ha amenazado al escritor Roberto Saviano, autor del superventas ‘Gomorra’. Baste decir que, con su modesto tamaño, este pueblo lleva dieciocho muertes violentas en pocos meses. Por aquí, como en tantas zonas del sur de Italia, el Estado apenas existe. Y es que se pierde la vida por no aceptar los chantajes de la Camorra, por hablar, por enfrentarse a un clan o por error. También mueren los ‘arrepentidos’ y sus familiares. A veces se matan entre ellos.

La primera víctima del jueves fue un italiano, Antonio Celiento, de 53 años, dueño de una sala de juegos. Le dispararon veinte tiros en la cara. Luego, a cinco kilómetros, hubo una masacre en toda regla en un taller de sastrería regentado por africanos. El comando abrió fuego a ráfagas contra todo lo que se movía dentro y alrededor de la tienda. Cinco personas murieron en el acto. Uno más, en el hospital. Otra sigue herida grave. Todos son africanos: tres de Ghana, dos de Liberia y uno de Togo. Uno de ellos simplemente estaba al volante de un coche en una zona cercana. El local era un centro de paso y reunión de la comunidad africana del pueblo.

¿A qué se debe toda esta sangre? Sobre el primer cadáver, el de nacionalidad italiana, la forma de su ejecución tiene el sello del castigo de la Camorra. Acerca de la muerte de los africanos hay dudas. El local, llamado Ob Ob Exotic Fashions, podría ser un centro de venta de droga encubierto. Como suele ocurrir, tras las detenciones de varios ‘capos’ hay movimientos para llenar el vacío de poder. Así debe leerse, según la Policía, la última cadena de asesinatos, culminada el jueves.

Los nuevos jefes emergentes, dirigidos por Alessandro Cirillo, conocido también bajo el alias de ‘O Sergente’, y Giuseppe Setola, han emprendido una estrategia de terror y, en concreto, se proponen castigar a los clanes africanos que han comenzado a abastecerse de droga por canales propios y han dejado de pagarles comisión.