La aprobación, ayer, en el Consejo de Ministros del plan para el retorno voluntario de extranjeros en paro ha dejado fríos a los posibles beneficiarios. Las principales asociaciones de inmigrantes manifestaron que no están interesados en absoluto en la propuesta del Gobierno de favorecer el regreso a sus países de origen mediante el pago de toda la prestación por desempleo en dos plazos (el 40% aquí y el 60% al llegar a su país), a cambio de perder su permiso de residencia y de trabajo y no regresar a España en al menos tres años. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que en junio estimaba en más de un millón el número de inmigrantes que se acogerían a su plan, redujo ayer la entusiasta cifra a 87.000, con una duración media de la prestación del paro entre seis y 18 meses.

Argumentan las asociaciones de inmigrantes, entre otras cosas, que por muy mal que se pongan las cosas en España, siempre estarán mejor que en sus países, y eso a pesar de que los empleados extracomunitarios han sufrido especialmente la crisis y el parón del sector de la construcción. En julio había más de 165.000 inmigrantes extracomunitarios desempleados.

Una de esas víctimas de la crisis es Félix Vela, ecuatoriano, de 42 años. Desde que llegó a España, hace seis, trabajó “sin parar” en la construcción, hasta hace un mes. “De los 50 empleados que tenía la empresa, todos inmigrantes, han despedido a la mitad”, relata. Vela, que compró un piso en Madrid cuando nada le hacía presagiar que estallaría la burbuja inmobiliaria, teme no poder hacer frente a la hipoteca, pero aún así afirma que “por nada del mundo” se plantea regresar a Ecuador.

“Allí se empieza a trabajar de niño. Yo empecé a los 7 años, en la agricultura. Todo lo que había ahorrado desde entonces lo invertí en el viaje a España. Tuvimos que vender nuestras tierras para poder pagar los billetes, y tuve que pagar una deuda de unos 7.000 dólares (unos 5.000 euros). Aquí, mis hijos pueden estudiar y mi hijo, enfermo del corazón, recibir un medicamento muy caro que necesita”, explica.

Para Vélez, retornar sería tirar la toalla. Por eso ha sido de los primeros en apuntarse a cursos de reciclaje para empleados de la construcción. “Voy a sacarme la licencia para conducir camiones y manejar maquinaria pesada”, concluye.

“El inmigrante que se acoge al plan de retorno pierde su permiso de residencia durante tres años. Lo que no está diciendo el ministro de Trabajo es que se reserva el derecho de volver a concedérselo pasado ese tiempo, y eso, después de lo que han sufrido para conseguirlo, no le interesa a nadie”, advierte Dora Aguirre, presidenta de la asociación ecuatoriana Rumiñahui. “Además, hemos calculado que el Gobierno podría entregarle a cada inmigrante un promedio de 7.000 euros. Eso no cubre, ni de lejos, las necesidades de una familia que, en la mayoría de los casos, lo ha vendido todo para poder venir”, añade. “Por mucho que empeore la situación económica en España, siempre será mejor que la ecuatoriana, al menos en el corto plazo”.

En la misma línea, Álvaro Zulueta, de la Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica Aculco, argumenta: “El Gobierno ha hecho una previsión muy por lo alto de los inmigrantes que quieran acogerse a ese plan. Experimentos parecidos tampoco han resultado en otros países. Porque el regreso es siempre la última alternativa. Si aquí se gana 800 euros, en Colombia no serán más de 400. Y a eso hay que unir el paro, que allí es mucho mayor; la inflación, los problemas de inseguridad…”.