DV. La Diputación se encuentra entre la espada y la pared en el espinoso tema de los menores extranjeros que llegan a Gipuzkoa. Por un lado, tiene la obligación legal de acogerlos pero, en el caso de que algún chaval se desmande, carece de competencias para privarle de libertad o para lograr que vuelva a su país.
Esta paradójica situación coloca a la institución foral en la diana de las críticas. Los ciudadanos ven cómo algunos de estos chicos tutelados por la Diputación delinquen, sin que ninguna institución tome cartas en el asunto. A veces, las críticas provienen de otras instituciones, como el Ayuntamiento de San Sebastián. El consistorio reclamó el lunes a la Diputación un mayor control de estos menores, dado que algunos de ellos han sido detenidos por la Guardia Municipal en redadas practicadas contra el trapicheo de drogas en la Parte Vieja.
Los hechos delictivos protagonizados por menores extranjeros tutelados por la Diputación se están repitiendo con cierta frecuencia. La diputada foral de Política Social acudió ayer a las Juntas Generales a petición propia precisamente para explicar las agresiones provocadas por algunos de estos menores en San Sebastián y Villabona el mes pasado. Su comparecencia fue solicitada también por EB y Aralar.
Maite Etxaniz explicó que durante los últimos meses se ha acentuado «la fuerte tendencia al alza en la demanda de atención al sistema de protección de menores». La diputada matizó que el crecimiento también afecta a los menores autóctonos que tienen que ser separados de sus padres.
Este aumento, explicó Etxaniz, añadido a las dificultades que presenta el acogimiento de niños de otras culturas y con necesidades específicas, «está tensionando fuertemente el sistema de atención».
La diputada indicó que se está registrando un incremento importante de los ingresos. Así, hasta el viernes de la semana pasada, se han atendido a 298 menores extranjeros no acompañados frente a los 254 de todo el año 2007.
De estos 298, 152 son nuevos ingresos, cifra que extrapolada a 31 de diciembre daría un número de 216 frente a los 156 de 2007 o los 153 de 2006.
Estos datos de incremento constante deben ser, además, cruzados con otros factores relevantes, como el de la permanencia de los menores en nuestro sistema y el de la media de edad de los mismos. El índice de permanencia en los centros de la Diputación alcanza un 80%. La edad media de los ingresados es de 15,5 años.
Etxaniz subrayó que este incremento en la llegada y atención se está contrarrestando con la apertura de nuevas plazas de acogimiento.
Limitaciones legales
Una parte importante de la comparecencia tuvo como fin explicar las limitaciones legales con las que se encuentra la Diputación a la hora de tratar este tema. Etxaniz no efectuó ninguna crítica a otras administraciones, pero la detallada explicación tuvo como finalidad aclarar qué competencias corresponde a cada una de ellas.
El Código Civil y la legislación del Parlamento vasco estipulan que la Diputación tiene la obligación de proteger a todos los menores que se encuentren en Gipuzkoa en situación de desamparo, «independientemente de su nacionalidad o país de procedencia». La tutela implica el acogimiento residencial o familiar. Esta obligación se encuentra bajo vigilancia de la Fiscalía.
La Diputación, sin embargo, carece de resortes a la hora de tratar conductas no acordes con el reglamento de los centros de acogida o ante hechos delictivos.
La institución foral, según explicó Etxaniz, no es competente para acordar el reagrupamiento del menor con su familia en su país de origen. La diputada indicó que la administración responsable es el Estado, que actúa en Gipuzkoa a través de la Subdelegación del Gobierno.
La Diputación tampoco tiene atribuciones legales para adoptar medidas privativas de libertad que permitan recluir a los menores en los centros donde se ejecuta su guarda. Etxaniz indicó que sólo los jueces de menores están facultados para adoptar estas medidas.
En su comparecencia, Etxaniz sólo se permitió una velada crítica a otras instituciones. «Debemos gestionar complejas alianzas con otras administraciones, como la Fiscalía, que también tienen sus responsabilidades».