El PSOE quiere que los inmigrantes con residencia legal en España puedan votar en las municipales sin necesidad de que haya una «reciprocidad exacta» para los españoles en sus países de procedencia. El Grupo Parlamentario Socialista cree haber dado con la fórmula para sortear la exigencia constitucional que dificulta la puesta en práctica de la que fue una de las propuestas estrella del 37 congreso del partido. Según su portavoz José Antonio Alonso, se interpretará que el requisito se cumple cuando se permita a los españoles ejercer el derecho a la participación en «procesos electorales de naturaleza política», y no necesariamente en comicios locales.

La propuesta que los socialistas quieren llevar al Congreso pretende hacer viable la implicación de colectivos muy numerosos en España, como el marroquí, en la vida municipal. Marruecos, país del que procede el mayor grupo de ciudadanos con tarjeta de residencia, unos 676.000, celebra elecciones locales, pero su sistema democrático no es homologable al español. Y menos aún el de la República Popular China, cuyos nacionales forman el octavo grupo más numeroso de población extranjera.

El subterfugio del PSOE podría salvar los obstáculos legales que impiden su participación electoral. Pero tampoco resuelve los problemas que existen con países como Ecuador, en los que la Constitución reserva el derecho al sufragio sólo a sus nacionales.

La cuestión no es baladí, porque en España hay, según el último censo, 451.000 ecuatorianos. El Gobierno del país sudamericano ha emprendido ya una reforma legal que debería servir para eliminar esta restricción, pero todavía debe ser sometida a referéndum.

El Ejecutivo nombró el pasado agosto a Gonzalo de Benito Secades embajador especial para negociar con los ejecutivos extranjeros modificaciones legales de esta índole. Aún no ha tomado posesión de su cargo pero Alonso aseguró ayer que lo que se pretende es que el derecho al sufragio de inmigrantes extracomunitarios sea ya una realidad en las elecciones de 2011.

El Ministerio de Presidencia, encargado de coordinar la iniciativa, aboga por la cautela. El partido y el grupo parlamentario quieren dar al asunto carácter prioritario.

Alonso dio por definidos los requisitos exigibles a los futuros votantes. Deberán tener cinco años de residencia legal, dos en el caso de nacionales de países iberoamericanos o con especial vinculación con España.