Los menores que no se adecuan a los programas representan sólo el 3% del total de los extranjeros que llegan a Gipuzkoa

Donostia. “Se nos ha solicitado que hagamos cosas que no podemos hacer”, reiteró ayer la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, ante la comisión correspondiente de las Juntas Generales donde fue requerida su presencia para informar sobre las detenciones de menores tutelados por la Diputación en agosto, acusados de sendas agresiones sexuales en Donostia y Villabona, y sobre las medidas adoptadas para evitar este tipo de situaciones.

Etxaniz realizó una larga intervención en la que explicó que el marco jurídico ata de pies y manos a la institución foral, que “carece de competencias para acordar el reagrupamiento” de un menor extranjero no acompañado (MENA) y para “adoptar medidas privativas de libertad que permitan recluirlos de forma permanente” cuando incumplan las normas de convivencia o se fuguen de dichos centros.

En este sentido, la diputada recordó que “sólo el 10%” de los menores extranjeros que tutela el Ejecutivo foral presenta “problemas de diversa índole, por lo que se les deriva hacia centros especializados”. De éstos, “un 3% (de los 152 nuevos ingresos que ha habido en 2008) no supera la situación o no se adecua a los programas”. En estos casos, que se consideran “irrecuperables”, es en los que se incide para que la Administración General del Estado ejecute el procedimiento de reagrupamiento en su país de origen. No obstante, de los cinco casos en los que se ha solicitado en Gipuzkoa, “en ninguno de ellos se ha materializado”, lamentó la diputada. Precisamente, entre ellos se encontraban algunos de los detenidos por los delitos de Villabona y Donostia, según reconoció el director de Juventud, Josi Insausti.

En el caso del municipio de Tolosaldea, donde los menores abusaron de una chica y pegaron a su novio a principios de agosto, según explicó el responsable foral, las medidas cautelares dictadas por el juez impusieron su ingreso en régimen semiabierto en el centro de Zumarraga de cuatro de ellos durante seis meses o hasta que se dicte sentencia firme. El quinto, en cambio, está en libertad vigilada en un centro especializado de la Diputación con tratamiento terapéutico. En esta misma situación se halla otro menor que participó en la agresión sexual y robo perpetrado en esas mismas fechas a una mujer en la Parte Vieja de la capital guipuzcoana. En este caso, fueron internados otros dos jóvenes magrebíes tutelados, aunque el juez tardó una semana en dictar las medidas cautelares.

Y es que tanto la diputada como el resto de los representantes de los grupos junteros destacaron la falta de implicación por parte de la Fiscalía a la hora de adoptar medidas de internamiento para estos menores problemáticos, como apuntó la portavoz del PP, María Asunción Guerra. En relación a estos casos, además, Etxaniz afirmó que en un primer momento se barajó la posibilidad de que la Diputación se personará como acusación particular. Sin embargo, no fue posible por su papel de tutor de los acusados.

En respuesta a otra de las dudas planteadas por los grupos sobre las razones que explicaban por qué los menores estaban fuera de los centros de madrugada, momento en que fueron cometidos los delitos, Insausti explicó que el horario de cierre de las instalaciones en verano es a las 23.00 horas. Si un menor no aparece, se le comunica a la Ertzaintza y, cuando han pasado 24 horas se realiza la denuncia y se alerta a la Diputación, protocolo que fue seguido en ambos casos, según aseguraron.