La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para una abogada vizcaína y dos de sus colaboradores que llegaron a cobrar un total de 8.400 euros a siete inmigrantes por prometerles regularizar su situación a través de una empresa ficticia. La Administración no tramitó por esa ilegalidad sus solicitudes y los siete inmigrantes se quedaron sin por regularizar su situación y con 1.200 euros menos en sus bolsillos.

Esta es la tercera red de estafa a inmigrantes descubierta en Bilbao en el proceso de regularización de extranjeros lanzado en 2005.

La perseverancia de la asociación de apoyo a inmigrantes Harresiak Apurtuz impulsó una investigación iniciada en diciembre de 2005 sobre una supuesta estafa a un centenar de inmigrantes, que desveló cuatro redes de fraude: dos encabezadas por sendas letradas que contaron con la ayuda de socios; la tercera, por una asesora, y la cuarta, una falsa ONG que abrió una oficina y desapareció. Este último caso ha sido el único archivado. La citada asesora ya fue condenada en febrero pasado a 18 meses de prisión – no ha ingresado en la cárcel al carecer de antecedentes – por estafar 7.550 euros a nueve inmigrantes. En mayo, una de las abogadas fue sentenciada a dos años por engañar a 66 extranjeros, a quienes cobró más de 38.000 euros.

En breve se celebrará el juicio contra la tercera red. La fiscal Sara Calzada formuló en julio la acusación contra la abogada Iratxe López, el supuesto empresario Juan Antonio Melado y otro vecino de Bilbao, Jonatan Sánchez, quien se encargó de captar a los inmigrantes. En su escrito, la fiscal asegura que los tres imputados utilizaron la sociedad Winland Servicios, “que nunca tuvo actividad ni desarrolló trabajo alguno”, para ofrecer a inmigrantes extranjeros sin residencia legal “ofertas de trabajo inexistentes que redactaba” la letrada, “con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito”. Agrega que ninguno de los siete inmigrantes a quienes cobraron 1.200 euros logró regularizar su situación porque Winland Servicios “carecía de toda infraestructura, material y personal, para desarrollar ningún trabajo”.

Por ello, considera que se produjo un delito continuado de estafa, por lo que pide para cada uno de los tres acusados tres años y seis meses de prisión, el pago de una indemnización a los afectados de los 9.400 euros cobrados y una multa adicional de más de 3.000 euros.

Mientras, Harresiak Apurtuz ha pedido a la Audiencia de Vizcaya el ingreso de prisión de la abogada María Carmen Formoso, condenada en el juicio de mayo a dos años y que no fue a la cárcel tras un pacto entre las partes, ya que la pasada semana fue detenida en Bilbao por otro fraude similar: se le acusa junto a otras tres personas de exigir entre 1.200 y 1.500 euros a inmigrantes a cambio de contratos de trabajo a familiares.