La aparición de cinco cadáveres en la costa de Alicante, que pueden proceder de una patera que intentaba alcanzar tierra firme, ha abierto el debate político sobre la necesidad de aumentar los sistemas de detección en la costa valenciana con radares que ya se emplean en otras regiones, como es el caso de Andalucía o las Islas Canarias. El conseller de Inmigración, Rafael Blasco, y el de Gobernación, Serafín Castellano, coincidieron ayer en exigir al Gobierno central medidas para evitar que la provincia de Alicante se convierta en un punto de acceso para las mafias que intentan introducir inmigrantes ilegales mediante pateras.

Respecto a la investigación de los cuerpos, la Subdelegación del Gobierno en Alicante señaló ayer que será complicado identificarlos por el mal estado en que se encontraban. Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la ciudad, Antonio Bernabé Castro, explicó que las fuerzas de seguridad continúan “pendientes” de las autopsias, y comentó que para conocer el origen de esta personas, la Benemérita está en contacto con otras unidades del cuerpo armado de Murcia y Almería “para determinar de qué embarcación concreta proceden”.

Blasco, tras un acto celebrado en Alicante, reclamó al Gobierno central que “se adopten las medidas necesarias para evitar este flujo migratorio irregular” y “este tipo de desgracias humanas”.

El hallazgo de los cuerpos, en avanzado estado de descomposición, “es un motivo más” para “apelar a la necesidad de que haya un control de fronteras adecuado por parte del Gobierno de España”. También optó por disponer de “los recursos económicos y personales necesarios para evitar esas tragedias”, y pidió “que se combata a las mafias que trafican con inmigrantes y con seres humanos en unas condiciones inhumanas”.

Blasco dijo que a día de hoy la Comunitat “es un destino de inmigrantes irregulares”, lo que se traduce en una falta de control por parte de la Administración competente, es decir, el Gobierno. “Esto significa que no se han adoptado las medidas necesarias para evitar este flujo migratorio irregular, y es el Gobierno a quien compete ordenarlo y regularlo”, señaló en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

El mensaje de Castellano no fue muy diferente. El conseller de Gobernación exigió “un esfuerzo especial” tanto de la Delegación del Gobierno como del Ministerio de Interior. Concretamente, optó por “reforzar los sistemas de prevención y las medidas de vigilancia de nuestras costas”, y añadió que la Administración central dispone “de toda la colaboración de la Generalitat”, tal y como informó Efe. En lo que va de año, más de 150 inmigrantes ilegales han llegado a la Comunitat mediante pateras.

Los medios de los que habla el Consell son los radares que el Gobierno se comprometió a instalar en diferentes puntos de las provincias de Valencia y Alicante, previstos para septiembre de 2007, aunque todavía no están operativos. En su momento, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, aseguró que por motivos de seguridad no se puede hacer pública la fecha en que entrarán en funcionamiento ni su ubicación.

En la actualidad, la vigilancia costera de la Comunitat es competencia de la Guardia Civil, que dispone de diez embarcaciones en las tres provincias. Además, se cuenta con tres radares móviles que son desplazados mediante camiones en función de la zona que se quiere controlar.

Respecto a los cuerpos hallados frente a la costa alicantina, todavía no se puede conocer su origen, al menos, hasta que se disponga de los resultados de la autopsia. La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, explicó ayer que la Guardia Civil “está investigando para determinar cuánto tiempo estaban en el mar”. Llinares aprovechó para replicar a Blasco, diciendo que cuando se producen situaciones dramáticas “no es bueno que nos echemos la culpa unas Administraciones a otras”. “Es una cuestión de Estado y lo que esperan los ciudadanos es que las administraciones hablen, se coordinen y colaboren para garantizar la seguridad”, consideró.

Los efectivos de Cruz Roja dieron el domingo por finalizadas las batidas en el área marítima de la zona Orihuela (Alicante) para comprobar que no había más cadáveres en las costas de la provincia, según informó Europa Press.