La crisis y el desempleo han hecho que demasiadas miradas incisivas se dirijan hacia los inmigrantes. El plan de retorno previsto por el Gobierno, las declaraciones del ministro Corbacho anunciando la suspensión de los contratos en origen después y, ayer, las manifestaciones de Rajoy refiriéndose a los 180.000 extranjeros que cobran seguro de desempleo en nuestro país mientras 20.000 andaluces se interesan por trasladarse a la vendimia francesa, han contribuido a establecer un nexo socialmente peligroso entre las dificultades económicas y el cuestionamiento de la presencia de los inmigrantes.

Las razones económicas que se empleaban a favor del incremento del contingente migratorio parecen haberse vuelto del revés cuando ya la propia sociedad española ha cambiado. Si hay tantos extranjeros percibiendo la cobertura de desempleo es porque se han hecho acreedores a ello. Si hay españoles dispuestos a trasladarse como temporeros a otro país no es porque hayan sido expulsados del agro español debido a la afluencia de inmigrantes. La política española ha carecido de una postura unitaria en materia de inmigración durante los años en la que esta fue incrementándose. Pero ahora que los dos grandes partidos parecen haber acortado sus distancias en el tema resulta exigible que mantengan rigor al manejar juntas las palabras crisis e inmigración.