VIVIMOS EN UN MUNDO en el que ya cabe todo. Y, de forma concreta, en un país donde cabe todo lo que no resulta admisible en el resto del mundo. Razón más que suficiente para que uno no se sorprenda ante nada. No obstante, algunos asuntos continúan invitando, cuando menos, a la perplejidad. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, acaba de recordarnos que los menores inmigrantes sufren una gran decepción cuando comprueban que no pueden trabajar y, en consecuencia, remitir dinero a sus familias. Hasta aquí, nada nuevo ni asombroso. Algunas familias africanas quieren tanto a sus hijos, que son capaces de embarcarlos en una patera para que realicen la incierta travesía hasta este Archipiélago. Muchos no llegan, pero eso no se dice. No se dice porque hablar con esta claridad supondría poner una mácula en un continente moralmente impoluto. Si un día quedase establecido que no todos los buenos están en un lado de la orilla y todos los malos en el otro, a muchos se les romperían los esquemas y se quedarían sin trabajo, habida cuenta que viven de recordarnos lo muy injustos que siempre somos los de aquí con respecto a los de allá. Por mucho menos que subir un hijo a una patera, le retiran en España la patria potestad a cualquier progenitor. Todavía tengo en mente el caso de una madre a la que pretendían arrebatarle a su hija, al fruto de sus entrañas, para que la criara una familia pudiente. Por eso mismo separar por la fuerza a niños de sus padres para darlos en adopción a otras familias se está juzgando a criminales de la dictadura militar argentina. Aquí, empero, siempre podemos adaptar las leyes.

Porque por ahí van, si no he entendido mal, las pretensiones de la consejera vernácula de Bienestar Social. Como los menores arribados en cayucos y pateras no pueden trabajar mientras sean menores, es decir, mientras no hayan cumplido los dieciocho años, pues se cambia la ley y ya está. Así las familias que aguardan en sus aldeas de origen no tienen que esperar tanto tiempo para recibir el dinero. Naturalmente, a eso no se le denomina por su nombre. Es decir, a eso no se le llama secundar la explotación e invitar a que a partir de ahora no vengan unos cuantos menores en cada barca, sino el doble y el triple. Se le llama, simplemente, “dar un paso para adaptar el cuerpo jurídico a la realidad”. Y se queda tan tranquila la señora Rojas. Bien es verdad que un político incapaz de manifestar una barbaridad semejante sin que le tiemble la voz, sin ni siquiera sonrojarse, no sería un político como Dios manda. Sería, a lo sumo, una persona honrada y refractaria al cinismo.

“Habrá que sentarse y hablar, y cuando llegue el momento, presentaremos nuestra propuesta”, añade Inés Rojas, quien no desaprovecha la ocasión para recordar que Canarias tiene una dilatada experiencia en este asunto. ¿Se refiere a que en estas Islas existe la extendida costumbre de poner a trabajar a los menores para que sostengan con su sudor a los mayores? Porque eso es lo que se pretende hacer con los jóvenes que llegan de África. ¿Me falla mucho la memoria o no vi hace poco un montón de fotos incluidas en una campaña contra el trabajo infantil y la explotación de los jóvenes? Quiero pensar que alguien, a su vez, no ha pensado bien algunas propuestas.

rpeyt@yahoo.es